Guatemala tiene todavía una oportunidad enorme para planificar de mejor manera sus ciudades. Somos el país menos urbanizado de América Latina, con 52% de la población viviendo en ciudades, según el último dato del Banco Mundial al año 2020, lo cual contrasta con el porcentaje de población urbana en Uruguay, por ejemplo, el país más urbanizado de la región, con 96% de su población viviendo en zonas urbanas.

Con 17.35 millones de personas y una edad media de 27.5 años, según información presentada al inicio del año por el INE, esto nos lleva a pensar de mejor manera el desarrollo urbano, para contar con ciudades que sean ordenadas, resilientes, incluyentes y competitivas. Un objetivo claro plasmado en la Política Nacional de Competitividad 2018-2032, es poder contar con estrategias claras y planes de ordenamiento territorial para las nueve ciudades intermedias identificadas.

Según las proyecciones de población al año 2042 del INE, Guatemala tendrá aproximadamente 21.5 millones de personas, eso es un crecimiento poblacional de 4.15 millones de personas más, pero al ritmo que va creciendo la urbanización en el país, se estima de forma conservadora por parte de Segeplan que 70% de la población será urbana. Esto representa un incremento de población tanto en el área metropolitana como en las ciudades intermedias de aproximadamente 6 millones de personas adicionales, que estarán buscando y consumiendo servicios urbanos, más que la población actual de un país como Costa Rica hoy.

Por supuesto, puede ser una gran oportunidad o un desafío importante, no solo porque necesitamos coordinar de mejor forma con los alcaldes de las ciudades intermedias para que se mejoren las capacidades de los equipos técnicos en municipios estratégicos como Escuintla, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chiquimula, Cobán, Retalhuleu, La Antigua Guatemala, Flores y Puerto Barrios y como país, hacer un mejor esfuerzo para aumentar la formación bruta de capital fijo en relación al PIB, que hoy apenas llega a un 15% a por lo menos 24% (lo que hoy invierten países como Ecuador).

El desarrollo inmobiliario que está ocurriendo ahora en la Ciudad de Guatemala, lo estamos empezando a ver en las ciudades intermedias. A marzo de este año se estaban construyendo 143 edificios de oficinas y vivienda, tan solo en el municipio capitalino, con una inversión privada de Q15 mil millones de quetzales, generando por lo menos Q1.2 mil millones de quetzales en impuestos, que serán reinvertidos en infraestructura pública y 200,000 empleos directos e indirectos, de acuerdo con lo comentado en foros públicos por parte del alcalde de la Ciudad de Guatemala.

La mejora en la calificación de país, así como leyes aprobadas como la Ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social (LIP) y la ventanilla ágil para la construcción, son esfuerzos importantes para el desarrollo inmobiliario. Según datos de Cámara de la Construcción, en 2018, se registraban 88,588 viviendas sin condiciones mínimas para habitar y un total de 1.2 millones de viviendas sin disponibilidad de servicios básicos, conocidas como viviendas hacinadas o de mala calidad. De acuerdo con estimaciones de CABI, tan solo en el primer año de vigencia de la LIP se construirán alrededor de 5,000 nuevas viviendas y en 10 años se podrían construir hasta 165 mil viviendas adicionales. Estos datos positivos para Guatemala requieren de un esfuerzo claro del sector inmobiliario, para continuar aplicando criterios ambientales, sociales y de gobernanza.