La mayoría de los ciudadanos estamos empeñados en este momento en dos cosas: evitar caer en bancarrota y/o perder el medio de vida con que sostenemos a nuestras familias, y evitar enfermarnos de la covid-19. Lo pongo en ese orden, porque la cruda realidad ha obligado a muchas personas a relegar el cuidado de su salud para salir a la calle a ganarse el pan de cada día. Con la exposición más continua y cercana a otras personas que eso conlleva, inevitablemente se eleva el riesgo de contagiarse con el virus. Sin embargo, no queda de otra cuando el propio presidente anuncia que su gobierno se desentiende de la epidemia y que deja toda la responsabilidad en los individuos y en los gobiernos locales, la mayoría poco preparados para hacerle frente a tamaño desafío. Mañana se cumplen 5 meses en esta situación y lo que vemos son autoridades cómodamente montadas sobre la cresta de la ola epidémica, esperando a que ésta baje solita.

Todavía estamos lejos de ver la luz al final del túnel con esta primera ola de contagios, por más que amañen y distorsionen las definiciones y los datos para que parezcan decir otra cosa. Mientras tanto, ya se disparó el hambre; la desnutrición aguda en la niñez va por el doble de casos de todo lo que se registró el año pasado; las pérdidas de empleo formal y de ingresos en el sector informal urbano y rural son incuantificables porque encima, tenemos un INE que no está generando información oportuna sobre empleo, informalidad e ingresos durante la crisis, que capturen la magnitud y gravedad de la situación y sirvan para orientar las intervenciones públicas y privadas.

La crisis económica no se puede contrarrestar únicamente empujando a la gente de nuevo a las calles para que vayan a contagiarse mientras vitrinean. Si una primera prioridad debería tener la reactivación de la economía, debería ser renovar la capacidad de consumo de la población, más allá de su subsistencia básica. Es este factor el que dinamizará nuevamente los sectores de comercio y servicios, que han sido de los más golpeados por la crisis. A la par, hay que restablecer la capacidad financiera de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, para que vuelvan a contratar. Los instrumentos financieros creados con la excusa de la crisis, tales como el Bono Familia, Bono al comercio popular, Fondo de protección al empleo y Fondo de Crédito para capital de trabajo, que han mostrado tan pobre ejecución, y a destiempo, además, deberían ser revisados y simplificados, pues deberán quedar vigentes por un buen tiempo todavía.

No es el momento para diseños exquisitos de focalización. La pérdida de medios de vida, de empleo y de ingresos ha sido masiva y bastante generalizada (con la excepción claro está, de los que siempre se sirven de primero y con cuchara grande) y debe atenderse con intervenciones de amplio alcance y fácil ejecución. Hay que pensar, además, en todo el segmento de agricultores familiares y jornaleros rurales y sus familias, motores de la seguridad alimentaria nacional. Más de un millón y medio de agentes económicos para las cuales, en lo único que se pensó durante la crisis fue en una bolsita con alimentos que todavía no termina de llegar. Hace mucho que se necesita un fondo que de impulso a la agricultura familiar y al restablecimiento de medios de vida en el área rural.

En conclusión, lo que ameritan las circunstancias son instrumentos económicos y financieros de acceso universal, para que se dinamicen las economías locales y se masifiquen los intercambios entre redes de actores económicos de pequeña y mediana escala. Son ellos los que deberían convertirse en el dínamo de la reactivación económica.