Otra vez, 115 diputados y diputadas del actual Congreso quedaron inscritos en la historia de Guatemala como traidores. Justo en medio de una pandemia y de dos huracanes que nos han situado en una situación aún más precaria y vulnerable. Estos criminales se citaron de noche en su guarida, como lo hacen los de su condición, para dictaminar con prisa y opacidad, la aprobación de un presupuesto 2021 que atenta contra Guatemala. Pero no están solos; lo que sucede en el Legislativo y en la Corte Suprema de Justicia desde hace meses, está absolutamente respaldado por Alejandro Giammatei, presidente del Ejecutivo quien, a su vez, es operador de los criminales que lo financian desde diversos sectores económicos, políticos y militares.

¿Podemos actuar legalmente en contra de los diputados por traicionarnos? ¿Cómo se hace para demandar a quienes, desde un organismo del Estado, toman decisiones que atentan contra los intereses de ese mismo Estado y del bien común? ¿Podemos pedir veto presidencial al presupuesto aprobado? Esta última votación se hizo con “normalidad” según lo mandan la ley y la “tradición” legislativa, hasta con consumo de bebidas alcohólicas dentro del hemiciclo. Queda claro que legalidad no es lo mismo que legitimidad.

El supuesto es simple: un presupuesto se construye con base en el dinero que se tiene, no con base en el dinero que se quiere gastar. De no hacerlo así, hablamos de un presupuesto desfinanciado y contraemos una deuda que no podemos pagar. Eso es lo que acaban de hacer los dipucacos: nos endeudaron para robar más. Porque ojalá lo hubieran hecho para hacer más escuelas, para contar con un mejor sistema de salud, para erradicar la desnutrición o levantar al país de la debacle que enfrenta. Lo hicieron para que ellos y sus aliados puedan seguir llenando caletas, cuentas bancarias y manteniendo sus empresas o las de sus amigos.

Así funciona la tiranía del crimen en un Estado sin Estado, y cualquier manual de criminología, que no de política, nos orientará mejor para definir y analizar el actuar de estas mafias. No me ha dado tiempo de leer las 127 páginas del presupuesto, menos de analizarlas, y creo que a la mayoría de los diputados votantes, menos. Esa votación engrasó la mano de varios de ellos que, sin siquiera leer la propuesta presupuestaria, menos la realidad nacional, votaron a favor de ese frankenstein. Pero he leído a quienes analizaron y se opusieron a este presupuesto diseñado para el saqueo, y las razones para la indignación son muchas.

Del presupuesto 2021, el más grande jamás aprobado, irán Q10 mil millones para Comunicaciones, cuando en los tiempos del corrupto Sinibaldi se dieron Q5 mil 800 y nos pareció mucho. Los Consejos de Desarrollo tendrán más de Q1 mil millones, y por esa vía se beneficiarán los diputados corruptos, con contratos para sus empresas y las de sus amigos. La Comisión de Finanzas le quitó Q200 millones a la causa contra la desnutrición y otros Q20 millones a la PDH, con lo que deja a la población desprotegida en este ámbito, y le aumentó Q218 millones al Congreso de la República. Hay Q13 millones para un Parlacen inoperante y guarida de corruptos. Veremos cuánto destinaron al inservible gigante que es el Ejército, mientras los médicos tienen que rogar por unos salarios que dan vergüenza.

No estoy de acuerdo en que no hayamos hecho nada. Muchos estamos juntos desde hace tiempo, en estado de acción y alerta. ¿Qué nos queda? Nos quedan siempre nuestras calles y plazas, nuestra resistencia, rebelión y lucha. O como dijo Hannah Arendt: “Ninguna causa nos queda sino la más antigua de todas, la causa de la libertad frente a la tiranía.”