Llegó a Guatemala la epidemia y la encontró en las peores condiciones posibles. No es que no se hubiera advertido. Durante años se explicó el riesgo que significaba para el país tener un sistema público de salud colapsado, con escasísimo presupuesto, con enormes carencias en todas las áreas, con equipo insuficiente, sin medicamentos e insumos, y víctima de las redes de corrupción.

En 2018, el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mejor gasto para mejores vidas, situaba a Guatemala en el puesto 69 de 71 países respecto de la eficiencia de atención en salud. El documento consideraba nuestro sistema sanitario como uno de los más deficientes de Latinoamérica y el Caribe, por su falta de protección financiera, desempeño en el acceso a servicios de salud e inequidad en la atención (el Periódico, 22/11/18).

De acuerdo con el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), el peso en el presupuesto que se asigna al sistema público de salud no ha variado en los últimos 20 años, a pesar del crecimiento de la población y del aumento que esto supone en la demanda de servicios.

Pero la debacle no solamente se refleja en los estudios de entidades especializadas. Médicos y personal de salud han exigido durante años —y en esta crisis también— el fortalecimiento del sistema público sanitario para salvar la vida de los pacientes.

Recuerdo especialmente una valiente columna de opinión publicada en Plaza Pública (junio, 2016) por el doctor Napoleón Méndez Rivera, jefe de sección de Cirugía del Departamento de Emergencia de Adultos en el Hospital San Juan de Dios, que tituló Sálvese quien tenga, en la que exponía con crudeza cómo la salud en Guatemala no es un derecho, sino una mercancía. En una siguiente columna (noviembre, 2016), el doctor Méndez hizo una radiografía de nuestro sistema de salud, que traigo a colación en este momento porque explica con meridiana claridad el colapso que se está viviendo con esta pandemia.

“La precariedad es palpable a todo nivel. Los 44 hospitales están a medio funcionar por la situación de calamidad en que se encuentran: falta de insumos básicos, insuficiente material médico-quirúrgico, infraestructura deteriorada por el abandono de años, hacinamiento de pacientes, insuficiente personal operativo, etc. Esto se traduce en una precaria atención a los usuarios, algunos de ellos moribundos. Muchos de ellos tienen que esperar largos meses para poder ingresar, por la falta de camas, costear de su bolsillo muchos de los insumos básicos que los hospitales deberían proporcionar, hacer largas colas y recibir atención en condiciones inadecuadas. Se viola a diario el derecho a la salud, garantizado en la Constitución, debido a estas precarias condiciones. Ni hablar de los niveles primero y segundo, en los cuales el mismo Ministerio de Salud conoce el déficit de más de mil puestos de salud, las coberturas inadecuadas de vacunación y los altos índices de desnutrición infantil y de mortalidad materna elevada. Brotes constantes de epidemias sin una respuesta adecuada del sistema”.

Esa es la realidad del sistema público de salud en Guatemala. Esas son las razones por las que se ha visto desbordado y por las cuales médicos y personal de salud están exhaustos y contagiados. Ese es el precio que pagamos por destinar ínfimos recursos del presupuesto a la salud y por dejar que las redes de corrupción se hayan adueñado del sistema.

Hoy los salubristas precisan por la vía de los hechos que se reconozca su labor. Salarios dignos, equipo de protección, insumos y medicamentos para los pacientes, una estrategia inteligente para enfrentar la pandemia y transparencia y agilidad en la adquisición de los insumos. Después, si se aprende la lección, tocará transformar el sistema.