La elección para millones de personas en Guatemala ha sido, desde el inicio, morir por el virus o morir de hambre. No parece haber otra opción. Encima de todo, miles han perdido ya el trabajo, así que no les queda otra que sacar las banderas blancas y asumir una condición de mendigos, que a cualquiera le hace perder la poca dignidad que este país le permite a la mayoría de la gente. Ya se forman largas colas para pedir comida en varios lugares de la capital o hay gente muy digna ofreciendo servicios de mensajería y viendo cómo sobrevive en medio de toques de queda y órdenes de aislamiento social. En medio de todo esto, una se pregunta, desde la seguridad de un techo y un trabajo, ¿cómo paga esta gente que no tiene ni para comer la luz que se incrementó o el agua que a veces ni siquiera llega?

La ampliación presupuestaria y los préstamos millonarios que el Ejecutivo pidió hace ya varias semanas en el Congreso fueron tramitados y aprobados con una celeridad que solo vemos cuando son iniciativas que benefician a pocos y perjudican a muchos. No es un secreto que la patronal y los sindicatos hayan salido, entre otros, muy beneficiados. De esos préstamos, solo un 5% estaba destinado a la emergencia; hoy, amén del rezago de 40 años o más en el sistema sanitario (según el BID), el personal de salud en los hospitales sigue sin suministros o equipo adecuado, y la población tiene hambre. Cuando se ven las cifras ejecutadas por el Ministerio de Salud con los fondos destinados para la emergencia no llegan ni al 1%.

El 3 de abril, el Congreso aprobó el decreto 15-2020, Ley de medidas adicionales de protección a favor de la población por los efectos provocados por la pandemia covid-19, y, luego de largas tres semanas (¡!), el presidente lo vetó (no lo aprobó). De todos los decretos aprobados durante la emergencia, solo este que permitía no suspender los servicios de agua, luz, cable, teléfono e internet por impago durante la crisis a la población más vulnerable no fue aprobado. Esto quiere decir que no solo no hay un buen manejo epidemiológico, sino que no hay ayudas para los más necesitados. Y en política, no hay casualidades.

En teoría, un presidente (y un gobierno) deben gobernar basados en las leyes, los hechos de una determinada realidad, las estadísticas y los documentos producto de estudios e investigaciones rigurosas. De allí deberían salir las políticas públicas, las acciones en tiempo de emergencia y las estrategias de gobierno de un Estado que vele por el bienestar de toda la población. Sin embargo, en Guatemala llevamos al menos seis décadas de que se hace gobierno de acuerdo con los intereses de unos pocos que financian campañas electorales y compran presidencias.

Una canasta y mil quetzales no resuelven la vida de nadie, y además, la caridad no debe ser política de Estado ni motivo de aplauso para algunos empresarios que se han servido con cuchara grande de los beneficios que los distintos gobiernos les han otorgado. La caridad verdadera la hacen en silencio miles de personas que no buscan reconocimiento. En un Estado de bienestar se debe gobernar para todos (empresarios incluidos, lo que pasa es que estos son rapaces), a través de la implementación de políticas sociales acordes a la realidad, y Guatemala presenta una de las realidades más dramáticas y duras del continente y del mundo.

Hay varios estudios realizados antes y durante el covid-19 por instancias de investigación nacionales e internacionales, por organismos financieros u otras entidades, que dejan claro que millones de personas en Guatemala transitan de la cuna a la tumba con muy pocas oportunidades de cambiar su estatus socioeconómico, y que esto se pondrá peor luego de la emergencia. Con este veto se ahonda la crisis, le dan una estocada a los más vulnerables, se contradicen las buenas medidas tomadas en las primeras semanas y el presidente de Guatemala deja claro, más que con sus discursos, para quién gobierna.