Cable a tierra

Patrimonio universitario para negocios privados

Karin Slowing karin.slowing@gmail.com

Hace una semana se hizo público que la Dirección de Deportes de la Universidad de San Carlos de Guatemala dio en arrendamiento una parte de las instalaciones del complejo deportivo universitario Los Arcos, en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, sin estar facultada para ello, y sin cumplir con la normativa vigente del Estado, que establece que los bienes públicos de uso común no se pueden dar en alquiler.

Esta es la hora que esperamos todavía que el señor rector Murphy Paiz rinda cuentas claras a la población sobre dicho contrato. Ni siquiera se ha hecho público en la página web de la Usac. Menos aún se ha informado si ya se dio marcha atrás; si la dirección de asuntos jurídicos de la Usac ya lo declaró nulo, por su abierta ilegalidad. ¿De cuándo acá un director de deportes puede disponer de un bien universitario? Seguimos esperando, señor rector, que use este asunto para dar muestras concretas de la transparencia ofrecida y del deseo de poner “todo en orden”. No vaya a resultar ¡por favor!, como el presidente del país, que terminó siendo todo lo contrario a lo que ofreció en campaña.

La mayor parte del patrimonio que tiene la Usac o le fue donado por el Estado, o es fruto de donaciones privadas de ciudadanos y ciudadanas que en algún momento en el pasado decidieron legar su patrimonio a la Universidad, para beneficio de futuras generaciones. El Club Deportivo Los Arcos, en particular, es patrimonio del Estado donado a la Usac para estimular y promover el deporte en la población estudiantil. Usted tiene entonces, una doble responsabilidad —frente a la Usac y frente al Estado de Guatemala— de proteger ese patrimonio y no permitir que ningún funcionario disponga conforme a su ocurrencia. No alcanza la justificación de que ese dinero sirve para darle mantenimiento a las instalaciones para proceder a un arrendamiento que incumple con la normativa vigente. Para eso recibe la Usac un presupuesto.

Es la ocasión para exigir a Asuntos Jurídicos que ponga pie en el acelerador y resuelva una gama de casos que tienen el patrimonio en riesgo. De hecho, de 68 propiedades universitarias que pude revisar, al menos 17 tenían alguna situación de irregularidad o ilegalidad en curso: arrendamientos a personas privadas que pagan alquileres irrisorios pero que tienen negocios privados en esas instalaciones o las usan como vivienda; terrenos invadidos o fraccionados ilegalmente; municipalidades que han construido ilegalmente sobre terrenos que eran de la Usac. Dobles titulaciones, desmembramientos parciales de fincas con el avalúo original, y sin que se consigne la razón, ni precio de venta, no digamos, el nuevo propietario. Avalúos a todas luces ridículos —ojo Dicabi—. De 11 copropiedades registradas, nueve tienen más de algún problema. Alarma, por ejemplo, que haya en proceso de remate de dos casas universitarias en Antigua Guatemala. Por maltrechas que estén, con el valor de la tierra en esa ciudad, cualquiera mala práctica se puede dar en un área de la administración universitaria que está en evidente rezago tecnológico y de gestión. Inevitablemente lleva a pensar que podría haber particulares que tomen ventaja de tales situaciones. No digamos, si pudiera verse en detalle qué pasa con las fincas universitarias. Lamentablemente el catálogo de bienes universitarios que está público llega solo hasta el 2016 y es un PDF escaneado.

El Consejo Superior Universitario debe proteger el patrimonio de la universidad. ¡Estudiantes y docentes están en condiciones de hacinamiento, con instalaciones insuficientes para la necesidad estudiantil, mientras otros se aprovechan del patrimonio de la Usac para hacer sus negocios privados!