A lo largo de mi vida periodística y desde esta columna por más de 25 años he venido repitiendo que sin reconciliación y perdón jamás habrá paz. Que la reconciliación y amnistía debían ser los pilares fundamentales de los acuerdos de paz, los cuales con todos sus defectos, mal hechos, mal negociados, mal ejecutados, jamás podrá lograrse la tan cotorreada “paz firme y duradera.”

Pocos conocen que el problema de fondo de los acuerdos de paz es y, ha sido siempre, la inviabilidad de cumplir con la razón de ser de los mismos, debido al manoseo ideológico que permeó los conceptos de “paz, reconciliación y amnistía”. El esclarecimiento histórico jamás fue ni imparcial ni objetivo y, debido a ello, no se pudo fortalecer el proceso de conciliación, pues a partir del supuesto esclarecimiento, se victimizó y se premió a la guerrilla y al Ejército de Guatemala, todo lo contrario.
El conflicto este-oeste, la dicotomía geopolítica imperante en ese entonces de exportar revoluciones, y en los países receptores de combatirla dentro de un contexto de alta crispación de guerra fría, nunca fueron ni han sido tomados en cuenta.

Los miembros de la Comisión de Esclarecimiento Histórico —todos ideológicamente afines a la guerrilla— partieron de la premisa que la guerrilla estaba justificada debido a los problemas estructurales de un país subdesarrollado como Guatemala. Uno lee hoy los acuerdos de paz y más parecen un menú de eliminación de todos los males de Guatemala por decreto, que un documento simple en el que se asientan las bases para dejar las armas, reconciliarse, amnistiarse y establecer la paz. Lo contrario sucedió.

Los tambores de resonancia de los derechos humanos de corte revolucionario aprovecharon ciertas coyunturas políticas para diseminar desinformación alrededor del mundo a través de sus vastas redes de apoyo y explotar, por la naturaleza del aplauso, al desempeño que ciertos casos de alto perfil político concitan, la obtención de jugosas prebendas, donaciones, méritos y reconocimientos. Se comprueba esto por las condecoraciones otorgadas a los jueces coincidentes.

Pocos somos los que hemos investigado y escrito sobre el efecto que han tenido los Q2 mil 829 millones en resarcimientos pagados a víctimas y a oenegés de derechos humanos para, literalmente, “apropiarse” de la verdadera memoria histórica del conflicto armado. No se puede soslayar el peso critico de tal efecto y en los incentivos perversos para distorsionar testimonios.

Todo el anterior preámbulo es para darle contexto a la razón de ser de la ley de reconciliación nacional que se está discutiendo en el Congreso y que genera criticas del mismo coro y de los mismos tambores de resonancia de siempre.

La ley de reconciliación nacional es perfectible, pero el artículo 5 no es negociable, pues establece que la amnistía alcanza a autores, cómplices o encubridores, personas de la URNG, así como a las autoridades de Estado, miembros de instituciones o cualquier otra fuerza para prevenir, reprimir, impedir las acciones de la URNG o sus unidades integrantes.

“También establece que las personas que hayan sido juzgadas y se encuentren cumpliendo condena o proceso penal y se les haya decretado medidas de coerción como: prisión preventiva, conducción y aprehensión, se les deberá decretar la amnistía y recobrar la libertad en 24 horas”.

En todos los países en donde hubo guerras, la amnistía y la reconciliación han sido la única salida para sanar heridas y vivir la paz. Las guerras y los conflictos armados son, por su misma naturaleza, violentos y sujetos a las peores atrocidades: bombas, asesinatos, secuestros, torturas, destrucción. Que no vengan a decir que un bando es mejor que el otro.
¡Si a la ley de reconciliación nacional!