La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) es una de las instituciones que se fundaron en Guatemala como resultado del proceso de transición democrática que se consolidó en 1985, luego de décadas de guerra interna del Estado en contra de la población. Su razón de ser y mandatos están contenidos en los artículos, 274, 275 y 276 de la Constitución y se regula por una ley específica. Fue una manera muy concreta de que la retórica constitucional se tradujera en algo concreto para defender los derechos de las personas.

En un país donde las mayorías han sufrido tanto dolor, injusticias y vejámenes, introducir esta figura en el marco constitucional, denota que, al menos entre los signatarios de la Constitución, y en todos quienes contribuyeron a que se diera el cese al fuego, permeaba la convicción de que solo en democracia y garantizando los Derechos Humanos de todas las personas, podíamos dejar atrás esa horrenda etapa de la historia nacional y construir un futuro más promisorio para todos.

En esta lógica, el Estado el garante de los Derechos Humanos y la PDH es un Veedor independiente del cumplimiento de esa responsabilidad. Por eso, monitorea al Estado continuamente, en todas sus ramas y poderes: para que éste cumpla. No es, ni nunca ha sido, un papel cómodo, especialmente en una sociedad cuyo Estado tenía que replantearse radicalmente el pasar de hacer la guerra contra la gente a ser el garante de los derechos de todos los ciudadanos. Por eso, ser PDH es un papel difícil de cumplir, y como ya vimos, no exento de polémica.

Los operadores de la regresión autoritaria se sienten incómodos con personas que se plantan con entereza en el cumplimiento de sus funciones; que mantienen su independencia, competencia y autoridad. Por ello, agradezco a él, a las Procuradoras Adjuntas Miriam Roquel y Claudia Maselli, y a todo su equipo de trabajo. No es fácil ser Magistrado de Conciencia en una sociedad cuyos valores están trastocados, donde el Estado ha sido corrompido y capturado por intereses mezquinos, y sus actores de poder recurren al autoritarismo para mantener sus privilegios. Los derechos humanos no se realizan cuando se impone la dictadura. Por eso, defender los derechos humanos, es también, defender la democracia y la vigencia del estado de Derecho.

El pueblo de Guatemala, al menos una buena parte, sí reconoce esta labor de la PDH. Por los temas que yo abordo, valoro especialmente la actuación de la defensora del derecho a la salud, doctora Zulma Calderón, y del equipo de la Defensoría del Derecho a la Alimentación, quienes, al cumplir con su deber durante un período tan complejo como ha sido el de la pandemia covid-19, permitieron que la sociedad conociera y se informara de lo que realmente estaba ocurriendo en los ministerios. Igualmente, el papel de la PDH en las soluciones tampoco queda inadvertido. Basta con revisar los informes presentados anualmente, y sus informes temáticos, para entender que no solo contamos con mapas de las debilidades institucionales, sino con hojas de ruta para enfrentarlas y superarlas.

Desde el primer PDH, don Gonzalo Menéndez de la Riva, hasta el actual Procurador Jordán Rodas, varios hombres de valía y respeto social han ocupado este cargo; varias mujeres extraordinarias han formado parte de sus equipos como procuradoras adjuntas y/o defensoras especializadas en ciertas temáticas. Hoy, que estamos a escasos días de que finalice el mandato del Procurador Rodas y su equipo, quiero agradecer su gestión valiente, comprometida con los Derechos Humanos, y con la vigencia y protección de la democracia y el Estado de Derecho. El legado que recibe el nuevo PDH es enorme y ojalá lo honre.