La ministra de Salud y el director ejecutivo de la Comisión contra el Covid-19 lo dijeron con claridad, la propuesta para hacer frente a la pandemia es fortalecer la atención primaria de salud. Esto quiere decir que se intentará echar adelante un proyecto que oímos en todas las campañas políticas pero se queda en promesa de tarima: hacer funcionales los puestos y centros de salud para evitar que muchas dolencias y enfermedades lleguen a los hospitales como primer recurso. Promoción y prevención jamás han tenido tanta importancia como hasta ahora.

Para tener una somera idea, en la actualidad están instalados un aproximado de 1,725 centros y puestos de salud, el país requiere para cumplir con los planes alrededor de 6,500. No hay que ser experto para saber que los 1,725 existentes lo hacen con precariedad y será imposible llegar al número mágico en el corto o mediano plazo; sin embargo, si pretendemos combatir la pandemia, los actuales deben funcionar de manera adecuada e instalarse un buen número de nuevos.

Veremos si Salud cumple con los planes. Dinero no hace falta, el reto es la articulación de los esfuerzos con el poder local; es decir, el sistema de Consejos de Desarrollo y Corporaciones Municipales. A los consejos de Desarrollo se les medio brinda atención para obras físicas, y cada vez más los alcaldes se convierten en caciques que dentro de su feudo hacen lo que les da la gana. Por ejemplo, Neto Bran, en Mixco, saca su kit de medicinas sin la rectoría del Ministerio, y luego Sebastián Siero saca el suyo en Santa Catarina Pinula. No cabe duda de que las intenciones son buenas, pero es absurdo y hasta ilegal que se haga sin supervisión ministerial. Además, la corrupción municipal, en general, es pavorosa.

La Constitución señala que los municipios y las entidades autónomas actúan por delegación del Estado, y como obligación mínima deben coordinar su política con la política general del Estado, y en su caso, con la del ramo que corresponda. Un nuevo sistema de monitoreo se instalará y para entenderlo se nos presenta como semáforo. Cada municipio registrará sus datos y conforme estos las actividades económicas, sociales y culturales se abrirán o cerrarán. Esta propuesta sin la voluntad política del sistema de Consejos y Municipalidades no podrá realizarse con éxito.

En el mundo se tiene gran preocupación en torno al futuro de nuestras libertades en medio de la pandemia. Es necesario suspender las libertades para afrontar la emergencia, tal como acá lo hemos hecho, pero esto también potencializa abusos y empodera represores.

Guatemala tiene un reto enorme, pues es cuestión de días que la pandemia se instale en el área rural, donde la presencia del Estado es precaria, siendo el narco un jugador importante y se ha visto la instalación de grupos paramilitares que con la venia de las autoridades locales y pistola en cinto disponen quién entra, quién sale y qué se hace.

En nuestro país, los relajos están a la orden del día y hay grupos interesados en crearlos y confundir, así como hoy vemos hasta exjueces negando los efectos de sus resoluciones cuando ocupaban el estrado judicial, para crear climas de confrontación y legitimar posiciones políticopartidistas para conseguir agua para su molino, debemos suponer grupos que por virtud de la autonomía municipal se avecinan problemas de gobernabilidad.

La Constitución obliga a la coordinación de los municipios con las autoridades de Salud para combatir la pandemia, y jamás debe entenderse la emergencia como cheque en blanco para ejercer el poder sin límite. La coordinación es fundamental, la voluntad es esencial y el tiempo es corto.