Las poblaciones de Noruega y de Dubái ya tienen una media de ingresos de los más altos del mundo y, sin embargo, sus poderes públicos han organizado fondos soberanos para invertir en valores emitidos por empresas y gobiernos de todo el mundo y en otros activos. Parte de los fondos invertidos son los de sus sistemas de pensiones. De esa manera, los beneficiarios de dichas pensiones, que en su mayor parte son trabajadores, cuentan con una notable diversificación de riesgo, con el efecto práctico de que sus cotizaciones al sistema de pensiones gozan de notable seguridad financiera. En lugar de que sus riesgos como pensionados se concentren en la solvencia de las inversiones que se puedan realizar solamente en su mercado doméstico, más bien se dispersan en la solvencia de inversiones realizadas en activos situados en prácticamente todo el mundo.

Esos fondos soberanos se originaron en parte de los extraordinarios ingresos generados principalmente por el petróleo y otros minerales extraídos de sus respectivos yacimientos, de modo tal que toda la población se beneficia de esos activos propiedad del Estado. Además, son fondos gestionados por equipos de expertos en materia de inversiones a nivel global, con lo cual la composición de sus carteras tiende a una máxima eficiencia (en función de los objetivos definidos por las reglas que los rigen).

En Guatemala, en cambio, los fondos contribuidos por empresarios, trabajadores y gobierno al sistema de pensiones se invierte en activos situados solamente en Guatemala, se gestionan por una entidad estatal altamente politizada y con frecuencia involucrada en casos de corrupción y el valor potencial de los minerales del subsuelo propiedad del Estado se pierde día a día sin beneficio alguno para la población.

Desafortunadamente para los trabajadores de este país, gracias a una cierta mitología, repetida y celebrada todos los años en torno a la efeméride de la Revolución del 20 de octubre de 1944, sus pensiones presentes y futuras enfrentan riesgos enormes (sin contar la gigantesca deuda del Estado) que se concentran en la frágil economía y finanzas públicas de Guatemala y se gestionan por administraciones públicas que carecen de las competencias para maximizar sus rendimientos.

Todo eso pudiera reformarse para permitir a los pensionados de Guatemala la posibilidad de que sus fondos se gestionaran por expertos del más alto nivel, invirtiendo en cualquier parte del mundo y maximizando así sus rendimientos. Además, el fondo pudiera contar con una porción de las regalías derivadas de la explotación de recursos mineros y petroleros, de modo que su valor llegara a tener una consecuencia concreta para los habitantes del país.

Sin embargo, una reforma de ese tipo es muy poco probable. Los mitos en torno al IGSS y su significación para los trabajadores se manipulan por una serie de políticos —no todos— cuyos incentivos son, más bien, mantener el statu quo. El IGSS tiene para ellos una importancia estratégica desde muchos puntos de vista. Significa cantidades enormes de recursos, inversiones que pueden beneficiar a sus aliados, oportunidades de corrupción, de poder y dinero.

Aunque parezca increíble, los propios trabajadores que integran el sistema –o la inmensa mayoría de ellos— están a favor de mantener el statu quo, en parte porque se han creído esos mitos y en parte porque desconocen las alternativas que existen para ellos. ¡Qué pena!