Tomo prestado como título de esta columna el nombre de un libro editado en 2010 por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung que recopila 18 ensayos sobre la situación de los medios de comunicación en América Latina.

Casi sin excepción, los gobiernos y las élites de poder de los países de la región consideran a los medios y a las y los periodistas independientes como adversarios y, en el peor de los casos, como enemigos. La situación en lugar de mejorar se ha agravado. Cada vez son más frecuentes los ataques a la libertad de expresión, la restricción a las fuentes de información, el cerco publicitario para asfixiarlos económicamente, las campañas de difamación y el uso del derecho penal como instrumento de criminalización.

En Guatemala se ha multiplicado la hostilidad en contra de quienes publican información, análisis e investigaciones relacionadas con casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. No es coincidencia que las y los jueces y fiscales que investigan y conocen estos casos también sean objeto de acoso y hostigamiento, porque está claro que lo que se busca es acallar las voces críticas y eliminar cualquier posibilidad de sanción por los delitos cometidos. A lo largo de los dos últimos años hemos visto cómo las autoridades de los organismos del Estado utilizan su alta investidura para atacar en el discurso y en los hechos a medios y periodistas que se distinguen por poner luz sobre aquello que los poderosos quieren mantener oculto.

La relación de amistad que Alejandro Giammattei mantiene con la fiscal general María Consuelo Porras ha servido, entre otras tantas cosas, para perseguir penalmente a las y los periodistas “molestos” que perturban la paz de los corruptos y corruptores. Y también para hostigar -hasta el hartazgo- a colegas de medios locales, comunitarios y digitales que fiscalizan a las municipalidades y a los caciques de los partidos políticos e informan sobre las irregularidades y las violaciones a la ley por parte de las empresas extractivas, de megaproyectos y monocultivos. En la represión desatada contra el legítimo movimiento de resistencia comunitaria de El Estor y durante los primeros días del estado de excepción, quedó claro que el gobierno y la minera buscan terminar con la organización comunitaria y por eso van detrás de sus líderes y lideresas, utilizando incluso órdenes de captura que habían sido ejecutadas en el 2017.

Evidente es además que la represión incluye también a la prensa independiente y por eso el acoso contra los periodistas de Prensa Comunitaria que cubrieron el violento desalojo y la destrucción de algunos de sus equipos. Por si fuera poco, los primeros allanamientos ejecutados por la policía y el ejército fueron en la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, en la Defensoría Q’eqchi’y en la vivienda de dos periodistas del medio digital que han dado permanente cobertura a las denuncias de la operación ilegal de la minera CGN. Otro caso de suma gravedad es la persecución penal que el MP emprendió contra el diario elPeriódico reactivando una denuncia penal del 2013 que había sido archivada. Con este caso se busca congelar las cuentas bancarias del medio para obligarlo a cerrar y, de paso, que se giren órdenes de captura contra sus personeros. No es casualidad que se reviva una denuncia penal contra un periódico que ha destapado gravísimos casos de corrupción, incluyendo el de la “alfombra mágica” que involucra a Alejandro Giammattei y a la minera rusa.

Porque develamos los abusos. Porque revelamos los negocios bajo la mesa y la corrupción. Porque cuestionamos los privilegios, la desigualdad y la impunidad. Porque nuestras plumas y nuestras voces no está en venta. Porque a pesar de los ataques no nos pueden callar ni comprar. Por eso nos odian tanto.