Punto de encuentro

¿Por qué nos odian tanto?

Marielos Monzón @MarielosMonzon

La detención arbitraria e ilegal del colega Sonny Figueroa, el 11 de septiembre, luego de haber sido golpeado por agentes de la PNC y de la SAAS es el último de una serie de ataques contra periodistas y medios independientes. Un día antes, en el periódico digital Vox Populi, junto a Marvin del Cid publicaron el reportaje Los rostros y perfiles del Centro de Gobierno, que detalla los cargos y salarios que perciben 24 de los integrantes de la entidad que dirige Luis Miguel Martínez Morales. Los datos que se consignan en la publicación son por demás llamativos.

Por ejemplo, hay una dirección de Prioridades Presidenciales y 14 delegados presidenciales para igual número de ministerios, cada uno con honorarios mensuales de Q20 mil 625. Además tienen contratado un asesor jurídico, una directora de políticas públicas, una jefa de planificación y un director de evaluación y seguimiento, lo que convierte al Centro de Gobierno en un gabinete paralelo y a su director, en un supraministro. Aunque Martínez declinó las sucesivas solicitudes de Vox Populi para ser entrevistado, en marzo declaró a Noti-7: “Contamos con 14 profesionales, uno para cada ministerio, los cuales están detrás de los ministros para velar que todas esas metas que el presidente se propone se cumplan”. Subrayo: “detrás de los ministros”.

Un deja vu de lo vivido en el gobierno de Álvaro Colom, con Sandra Torres, y en el de Otto Pérez, con Roxana Baldetti, lo que originó también ataques contra medios y periodistas que incluyeron el uso malicioso de la Ley contra el Femicidio para silenciar a la prensa.

Lo ocurrido con Sonny Figueroa reviste de enorme gravedad y no es un caso aislado. Exactamente lo mismo pasó el 11 de junio con Francisco Chom Xum, del canal de cable Nim TV, de Santa Lucía Utatlán, mientras cubría los operativos durante el estado de Sitio impuesto en tres municipios de Sololá. El colega fue detenido ilegalmente por la PNC, bajo la falsa acusación de portar municiones y armas de fuego. Estuvo una semana preso —sin ser escuchado por un juez— y sufrió vejámenes en la cárcel.

A ambos periodistas se les dictó falta de mérito, señal inequívoca de que se trató de detenciones arbitrarias en represalia por su trabajo, aunque Sonny debe presentarse cada mes a firmar en un juzgado. Además, dos días antes de la agresión y detención de Figueroa, el jefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, publicó un comunicado anunciando una demanda penal contra el medio digital Plaza Pública por acoso, amenazas y extorsión. Esto después de la publicación de una investigación del periodista Pavel Vega sobre sus nexos empresariales con el presidente Giammattei. Otro reportaje documentado y riguroso.

Es grave constatar que la intolerancia hacia la prensa independiente va en aumento, que existe un patrón de ataque en el que participan las fuerzas de seguridad del Estado y que la criminalización involucraría al presidente y a su círculo cercano. Resulta tremendamente preocupante que a través de amenazas, vigilancia, detenciones ilegales, uso malicioso del derecho penal, campañas difamatorias en las redes sociales y asfixia económica se quiera censurar a medios y periodistas.

Ante este panorama tomé prestado para esta columna el título de un libro publicado en 2010 por la Fundación Friedrich Ebert, en el que 18 periodistas de América Latina escribimos sobre la situación de libertad de expresión en nuestros países. La conclusión de aquellos textos sigue vigente: la mayoría de las élites políticas y económicas ven en la prensa independiente a un enemigo al que hay que callar. Siguen sin entender que el periodismo es cuestionador del poder y que su función es sacar a la luz aquello que se quiere mantener oculto en los sótanos oscuros de los poderosos. Por eso nos odian tanto.