Cuando los sectores conservadores y las élites corruptas se dieron cuenta de que la lucha contra la corrupción y la impunidad estaba instalada en Guatemala, era vista con simpatía por una amplia mayoría, había generado una masiva movilización popular, avanzaba en la desarticulación de redes que tenían capturado al Estado y empezaba a tocar a las y los “intocables”, se les prendieron todas las alarmas.
Sus acciones abusivas e ilegales no se investigaban y, por lo tanto, estaban siempre muy lejos de responder ante la justicia. Esa era la “normalidad”, así la habían construido. Tan acostumbrados estaban a actuar con total impunidad, que quedaron un tanto perplejos y desorientados con las primeras investigaciones y procesos judiciales en los que algunos de los “suyos” resultaban inmiscuidos.
Por eso, al principio, se vieron bastante desorganizados y su discurso era ambivalente. Empezaron con aquello de que la lucha contra la corrupción estaba bien pero no tanto, y con que una cosa era perseguir políticos y otra —muy distinta— a los señores empresarios, ahí “se les estaba yendo la mano”. Luego vino lo del peligro de ahuyentar la inversión y, después, la victimización: “No pagábamos sobornos, nos estaban extorsionando”.

Pero cuando tomaron conciencia de que la maquinaria de demolición de las estructuras de corrupción no se detendría y que se les estaba viniendo abajo ese sistema de privilegios e impunidad, reaccionaron ideando la contraofensiva. Se agruparon en un frente común con un solo objetivo: detener la lucha contra la impunidad y derrotar a quienes la habían hecho posible. En esta alianza dejaron de lado —momentáneamente— sus diferencias y colocaron todo su poder y sus cuantiosos recursos para la batalla.

Así revivieron la perversa alianza oligárquico-militar del tiempo de la guerra, pero con nuevos socios, incluyendo a sus odiados competidores del capital emergente y a algunos jefes de cárteles de la droga, que tarde o temprano les pasarán la factura.

Pero, bueno, la idea era alinear los planetas, sacudirse a la Cicig y volver a cooptar el MP. Y lo lograron con la ayuda del presidente gringo, que en su delirio anti-inmigrante y con el lobby judío y el de las iglesias neopentecostales hablándole al oído levantó a otro delirante, este triste y a la vez perverso personaje que todavía nos gobierna.

Un elemento central en toda esta estrategia fue la construcción de una narrativa —basada en todos los miedos y prejuicios que nos caracterizan— con la que pudieron desmovilizar a la gente. Una campaña sistemática de desinformación y confusión, que tuvo como caja de resonancia a los medios afines al poder —la televisión abierta en primera línea— y a un ejército de netcenteros. Con el tiempo instalaron una visión retorcida sobre los derechos humanos y las libertades ciudadanas y no se cansaron de repetir que la justicia estaba ideologizada. Nos espantaron con el petate del muerto.

Todo esto como fachada para imponer su agenda de impunidad y desprestigiar a las y los actores clave que lograron hacer avanzar la justicia contra este sistema corrupto que tiene al país sumido en la miseria, la violencia y la desigualdad. Uno de ellos es Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, la piedra en el zapato que le ha impedido al Gobierno y a los diputados concretar muchos de sus desmanes.
Por eso quieren vengarse, intentan quitarlo del medio y asfixiar económicamente a la PDH. Por eso se empeñan en humillarlo públicamente, aunque sean ellos quienes terminen haciendo el ridículo. Si lo logran, no será Jordán Rodas el que pierda. Pierde Guatemala, que sigue descarrilándose hacia el autoritarismo, mientras nosotros lo seguimos permitiendo.