Estados Unidos
A contraluz
Porras, bajo sospecha por desaparición de menores
Porras habría incurrido en actos ilícitos, como falsificación de documentos, para ejecutar adopciones ilegales.
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La oscura trayectoria de Consuelo Porras se hunde en el conflicto armado interno. Hasta ahora se conocía cómo había convertido la Fiscalía General en instrumento de persecución contra fiscales, jueces, periodistas y activistas que han luchado contra la corrupción. Recientes revelaciones dejan ver cómo Porras habría sido responsable de más de 80 adopciones ilegales de niños durante el reino del terror de los años 80.
Fraude en declaraciones de adopción y ocultamiento del destino de los niños implicarían a Porras.
El miércoles pasado, el periódico electrónico El Faro informó que tuvo acceso a documentos que firmó Porras, como administradora del Hogar Elisa Martínez, por los cuales llevó a cabo ocho adopciones irregulares. No se trata de simples denuncias, sino de pruebas documentales de su implicación. Según el medio periodístico, en el 40% de los casos la identidad de los niños fue cambiada. Las víctimas no solo eran guatemaltecas, sino también hijos de madres de El Salvador y Honduras.
En un país marcado por la impunidad y la fragilidad institucional, estos hechos no pueden relativizarse ni archivarse en el olvido. El presunto involucramiento de Porras en adopciones ilegales reabre las heridas históricas y plantea una pregunta de fondo: ¿puede dirigir la persecución penal alguien señalada de haber participado en uno de los capítulos más oscuros de la historia de Guatemala?
No estamos frente a simples irregularidades administrativas, se trata de alteración deliberada de identidades; un hecho que, en términos jurídicos y éticos, tiene la figura de desaparición forzada. Expertos de las Naciones Unidas le dan esa tipificación porque los niños fueron separados de sus familias en circunstancias de violencia y represión por agentes del Estado, sin procesos legales ni consentimiento, además de negarles a las familias información sobre el paradero de los menores.
El contexto agrava aún más la situación. Durante el conflicto armado, funcionarios estatales, civiles y militares, convirtieron a Guatemala en un mercado internacional de adopciones, muchas de ellas marcadas por la opacidad, la pobreza estructural y la vulnerabilidad de mujeres, en su mayoría indígenas o migrantes centroamericanas.
Los documentos a los que tuvo acceso El Faro son reveladores. En todos los casos, los informes sociales identificaban a las madres biológicas, pero en las escrituras de adopción —firmadas o avaladas por Porras— los niños aparecían como “hijos de padres desconocidos”. La omisión implica borrar jurídicamente el origen de una persona. En algunos expedientes se consignaron datos falsos, como cambiar el lugar de nacimiento de una menor salvadoreña para facilitar su salida del país.
Más inquietante es la conducta de Porras. En su expediente de postulación de 2018, Porras consignó que fue administradora del Hogar Elisa Martínez, en 1982. Sin embargo, omitió ese dato en la documentación que entregó este año a la comisión de postulación de fiscal general. No es un olvido menor: es la eliminación de un cargo y sugiere la intención de ocultarlo.
No se trata de un hecho aislado. Desde 2022, Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por actos vinculados a la corrupción, porque ha perseguido a operadores de justicia, mientras ignora y protege estructuras criminales. Los nuevos informes solo refuerzan un patrón: el uso discrecional de la justicia y la ausencia de rendición de cuentas por parte de Porras.
Es fundamental reconocer que hay indicios suficientemente graves para exigir una investigación independiente, transparente y creíble. Mientras esta no se produzca, la permanencia de Porras al frente del Ministerio Público constituye un obstáculo para la justicia.
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