En 1993-1994 se procedió al proceso de reforma constitucional y por ello tenemos dos grandes instituciones que antes funcionaron como una sola. La Procuraduría General de la Nación (PGN), por un lado, y el Ministerio Público (MP), por el otro.
El Ministerio Público tiene como función velar por el cumplimiento de las leyes del país —así de amplia su función constitucional—, mientras para la PGN quedaron las funciones de asesoría y consultoría de órganos estatales, así como la representación del Estado como tal. La PGN recibe muy poco interés oficial, su ley orgánica es caduca e inaplicable en buena porción.

El Ministerio Público, derivado de la reforma procesal penal empujada hasta el cansancio por la primera Corte Suprema de Justicia del período democrático, presidida por Edmundo Vásquez Martínez, e integrada por profesionales emeritísimos como Marco Tulio Molina Abril, Mara Lupe Meneses de Jáuregui y Ángel Valle Girón, entre otros, lograron mudar un proceso penal en donde el juez investigaba —inquisitorial— a un proceso en donde el Ministerio Público acusa y el juez juzga, sin que el sistema judicial en sí tenga la investigación, derivado de esa inercia es que el Servicio Médico Forense dejó de existir y ahora está el Inacif, entre tantas otras reformas que se han hecho; además, la Defensa Pública es una institución seria e integrada por abogados, antes los bufetes populares hacían la defensa con estudiantes.

Contar con un fiscal general independiente ha sido una preocupación democrática, porque si vemos las gestiones de todos los que gobernaron el MP hasta antes de llegar al período de Amílcar Velásquez Zárate, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, la diferencia es abismal. El Ministerio Público ha sabido ocupar la posición que le corresponde dentro de un país que tiende a la construcción de un Estado constitucional y democrático de derecho, aunque haga falta mucho por hacerse.

Un fiscal general debe perseguir delitos, pero también debe tener clara su política criminal y, en este sentido, por lo menos a este escribiente llamó de forma poderosa la atención la conferencia de prensa llevada a cabo la semana pasada por nuestra fiscal general para desmentir que la DEA le había informado la intención de Mario Estrada para asesinar a Thelma Aldana.

Cuando se convocó a la conferencia de prensa por la doctora Consuelo Porras, quien ha sido remisa a los acercamientos con los medios, esperábamos interesantes declaraciones en un contexto político difícil, por eso resulta poco alentador haber ocupado su posición para desmentir que la DEA le informó lo que sí le hizo saber a la candidata de Movimiento Semilla únicamente, primero, porque deja en evidencia que la DEA no le informa lo que sabe —tampoco le informa al ministro de Gobernación—, pero también porque sí es un hecho público que el Presidente de la República y, conforme informaciones de elPeriódico, una comitiva de políticos de otros partidos y además hasta quien ejerce funciones jurisdiccionales en la Corte de Constitucionalidad almorzaron “gallina en crema” con un candidato presidencial acusado de narco y eventual asesino, la cosa debería ocupar, por lo menos, un pronunciamiento oficial —además, el partido del anfitrión sigue como si nada con sus candidatos—.

Cada persona imprime su sello a la institución que dirige. Ojalá la fiscal general y su equipo rectifiquen el rumbo, porque si tienen delante, que los gringos no le confían información —por algo será— y luego, eventuales delitos que representan volver a un pasado donde el presidente contemplaba la represión política como parte del paisaje, si a esto le sumamos el peligro de graduarnos como narcoestado, la alarma debería retumbar en Gerona ¿no?