Atrás quedaron las imágenes del autodenominado “presidente cool” y líder millennial que ha logrado cautivar en redes a más de 1.2 millones de cuentas en su red social de Twitter. El presidente Bukele, en los últimos días, ha generado una crisis institucional al invocar una insurrección contra la Asamblea Legislativa. Utilizando un subterfugio legal del artículo 87 de la Constitución de la República, convocó “al pueblo” a que se pronuncie en contra de los diputados por no aprobar un préstamo de seguridad, llegando al extremo de militarizar la Asamblea, al estilo del presidente Maduro, y removiendo temporalmente de sus cargos a la seguridad de los diputados, como una medida de presión.

Mientras escribo esta columna de opinión, varias organizaciones sociales le piden respeto al orden constitucional y le recuerdan al presidente Bukele que debe procurar la armonía social, conservar la paz y la tranquilidad nacional. Comprendo que en nuestros países, muchas veces, los diputados no legislan a favor de las necesidades de la población. Lo vivimos nosotros en Guatemala con todo lo que se tardaron en aprobar el préstamo para la nutrición o cuando improbaron el contrato de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, y decenas de iniciativas que se han quedado varadas por falta de voluntad política para resolver temas como la infraestructura vial, mejorar el clima de negocios, una ley de aguas; sin embargo, nada justifica la intromisión utilizando la fuerza y la presión militar.

Como en cualquier país democrático, hay que hacer un trabajo político de convencimiento a los partidos para mostrar los beneficios del préstamo y generar los consensos para su aprobación. Centros de investigación como Fusades y otras organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado al diálogo sobre la base de la libertad, la institucionalidad y el respeto al Estado de Derecho. Esto es un mensaje claro para respetar la Constitución y garantizar que El Salvador siga por el camino de fortalecer sus instituciones, respetando uno de los preceptos republicanos más importantes “la separación o división de poderes”.

Centroamérica es una región que ha sufrido crisis institucionales a lo largo de su historia, resalta claramente en las pésimas evaluaciones de los países del triángulo norte de Centroamérica, en el Índice de Estado de Derecho, en el caso de El Salvador en la posición 84 de 126 países, Guatemala en la 96 y Honduras en la 115. No hay una visión clara de apego a la ley y este tipo de acciones que atentan contra la institucionalidad solo limitan la competitividad de nuestras naciones.

Por eso es clave el llamado a la cordura por parte de diferentes organizaciones, desde varias tendencias de pensamiento, a que se respete la independencia de poderes y el Estado de Derecho.

En la teoría general de la separación de los poderes del Estado de Montesquieu, “todo hombre que tiene el poder se inclina a abusar de él, va hasta donde encuentra límites, por lo que, para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder detenga al poder”.

La popularidad de personajes como el presidente Bukele no debe hacernos olvidar a los líderes de opinión de la región que la única manera de garantizar mayor prosperidad capaz de atraer inversión y oportunidades a nuestros países es que exista transparencia, libertad de expresión, calidad institucional incuestionable, respeto por las reglas y que se garantice la certeza jurídica, en pleno apego al Estado de Derecho, lo cual incluye la independencia de los poderes del Estado.