La atracción de inversiones hacia cualquier economía para generar más oportunidades y empleos requiere, en una palabra, lo que muchos expertos llaman previsibilidad. Certeza jurídica sobre los procedimientos necesarios para garantizar que, mediante el cumplimiento de lo que establece la ley, se pueda garantizar que el Estado no actuará de manera arbitraria en contra de determinados sectores o industrias, sino apegado a derecho.

En los últimos años hemos visto cómo algunos jueces y magistrados han sobrepasado el límite de sus funciones, cayendo en un espiral perverso de activismo político, que ha producido incertidumbre y serias preocupaciones sobre el futuro de muchas inversiones en Guatemala. Hay suficientes casos documentados, desde aplicaciones dudosas sobre el Convenio 169 de la OIT relacionado a Pueblos Indígenas y Tribales, hasta inacción por parte de las cortes para aplicar el debido proceso en casos de usurpación u ocupación de bienes inmuebles. En ocasiones han ocurrido casos flagrantes de bloqueos, invasiones o retenciones ilegales, ante una completa pasividad por parte de las autoridades de justicia.

Guatemala se encuentra evaluada en la posición 96 de 126 países analizados por el Proyecto para la Justicia Global (WJP, en inglés) en el índice de estado de Derecho, con una calificación de 0.46 sobre 1.00. La poca eficiencia del sistema de justicia penal —33%, según la última evaluación de la Coalición por la Seguridad Ciudadana—, aunado a la burocracia en los procesos de la justicia civil, corrupción existente en el sistema de justicia y la falta de certeza en el debido proceso, limitan la capacidad del Estado para generar la confianza necesaria, que ayude a atraer más inversión.

Es por ello que necesitamos una reforma profunda al sistema de justicia, que requerirá no solo del compromiso de las distintas élites de buscar consensos para su implementación, sino la participación de representantes de las cortes que ayuden a plantear iniciativas más efectivas, para garantizar una justicia pronta y cumplida para todos los guatemaltecos.

La claridad con la que se planteen las reformas necesarias ayudará a que su implementación sea mucho más acelerada, intentando que cualquier persona pueda comprender las fases en las que deben transitar los casos para que exista justicia. Las reformas, deben ayudar a que el Sistema de Justicia se fortalezca y que exista más certeza sobre las funciones administrativas y aquellas propias a la impartición de justicia, por ejemplo. Un sistema que priorice mayor meritocracia y una carrera judicial apegada a procesos y evaluaciones con base en indicadores y criterios técnicos.

Esta forma de medir la justicia con base en procesos, que son conocidos por los ciudadanos y que ayudan a garantizar mayor objetividad, sin necesariamente depender del caso en el que nos encontremos o quién es la persona individual o jurídica en cuestión, ayudará a que se cumpla el debido proceso en aras de un mayor estado de Derecho.

Ahora bien, la discusión del sistema de justicia que anhelamos, la eficiencia de los procesos y la certeza de resoluciones prontas y cumplidas, apegadas a la ley, no puede separarse de propuestas sobre cómo garantizar más fondos hacia el sistema de justicia. Está claro que solo con ver la tasa ínfima de seis jueces por cada 100 mil habitantes en Guatemala, en comparación con la tasa promedio mundial de 17, claramente se necesita más eficiencia y mayores recursos hacia el sistema de justicia.