Estados Unidos
Registro akásico
Proteger la generosidad de emigrantes
La urgencia de evitar la intromisión de delincuentes afecta a remesas familiares.
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Todo está revuelto y no solo en el nivel general geopolítico, sino en nuestra proyección nacional. El blanqueo de capitales cada vez sorprende más. Se denuncia haberse intentado ocultar operaciones por Q24.6 millones, a través de recurrir a bancos chinos. El monto de la comisión primaria se fija en Q65 mil y, después, estos se trasladaron a Turquía y EUA. La Intendencia de Verificación Especial denunció esa transferencia con todas las notas de ser una operación corrupta. Mientras tanto, el Congreso no moderniza la legislación para fortalecer la coordinación de los grupos de acción financiera contra el lavado de dinero.
La delincuencia financiera provoca dificultades al importante monto financiero esencial para el país.
Por su parte, Donald Trump firmó una orden ejecutiva en este mes para incrementar la revisión de remesas y cuentas de clientes extranjeros, a través de la obligación de ubicar la identificación personal de contribuyente (Itin, en inglés). Se busca evaluar riesgos e identificar evasión de impuestos de inmigrantes e incrementar el control de indocumentados. Todo ello debilita la posición de quienes no han avanzado en la regularización migratoria; en parte, por desconocimiento o por carecer de suficiente solvencia para el pago de abogados y obtener seguridad jurídica en EUA.
Existen algunos personajes ensuciando las remesas. Para legitimar capitales, reportan la compra de divisas en cantidades pequeñas, dando nombres e identificación de personas. Sin conocimiento de los titulares, se sacan los datos de los afiliados a partidos políticos y otros registros similares, para justificar el monto del capital trasladado al país. Luego, el intermediario reporta tenencia de dólares, justificado en compra de divisas, pero tiene el problema de devolverlo al extranjero. Para el efecto, necesita de nuevas operaciones oscuras.
Existen otras tramas para limpiar el origen del dinero, pero lo terrible de este mecanismo es la afectación de las remesas de trabajadores emigrantes, en ayuda a sus familias en el país. Ensuciar las transferencias es una agresión a ciudadanos honrados y generosos. Muchos connacionales están necesitados de esos apoyos, pero aumentan las dificultades. Mientras unos apartan con esfuerzo, en sus ingresos, cantidades significativas para sus familiares, otros las reciben para paliar las necesidades por su situación económica personal.
Cada vez más se suman nuevos requisitos, trámites y declaraciones. Mientras tanto, los funcionarios financieros venales se aprovechan de las limitaciones en las leyes, acompañados de bancadas de diputados depravados opuestos a modernizar los controles, como la ley contra lavado de dinero. Existen otras sin avances, también.
Desde 2001, la secuencia en EUA basada en la Ley Patriota aumenta problemas: 1) La exigencia de conocer a los clientes; es decir, exigir apertura de cuentas en los bancos si se envían remesas; 2) impuesto de 2% a las remesas a México y Centroamérica; 3) nuevo impuesto de 1%, para los no ciudadanos en esas operaciones; y, ahora, 4) exigir identificación oficial del remitente. Todo ello debe obligar a las autoridades nacionales a fortalecer la seguridad financiera en las transferencias internacionales. No a través de aspavientos y afectación a los ciudadanos normales, sino bajo conocimiento de las grandes operaciones con irregularidades sospechosas. Mientras tanto, se debe preservar la seguridad de las remesas dirigidas al apoyo de familiares, adquisición de inmuebles para cuando se retorne o, simplemente, tener en el país un capital líquido, si se sufre una indeseable deportación. ¡Atención! Estas operaciones significan la quinta parte del PIB de nuestro país.
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