Con el semáforo covid-19, el 27 de julio recién pasado se oficializó lo que se podría llamar la “municipalización” de la epidemia en Guatemala. Con este término me refiero a la decisión tomada por el gobierno central de trasladar a las autoridades municipales y a los comités de emergencia municipal (COEM) la responsabilidad de llevar el semáforo a color verde en cada municipio. Cualquiera supondría que tener el semáforo en rojo en un municipio (aunque sea por ser el resultado del bajo índice de testeo y la alta positividad) obliga a las autoridades locales a tomar medidas que limiten al máximo el contacto entre personas. Se llaman medidas de contención y aislamiento. En el marco del estado de Calamidad, renovado hasta fines de septiembre, no debería haber problemas para que los concejos tomen decisiones de este tipo, siendo que la política de gobierno fue transferir a los municipios la responsabilidad de la gestión de la epidemia y que la municipalidad es el gobierno local y goza además de autonomía para ejercer esa función.

Recientemente, una municipalidad hizo lo que supuestamente le correspondía: tomó medidas de contención acertadas, pertinentes y factibles para su localidad. Inmediatamente saltó la Cámara de Comercio impugnando ante la Corte de Constitucionalidad ese acuerdo municipal, pues supuestamente “excede lo contemplado en el estado de Calamidad”. La CC dio amparo provisional y la municipalidad tuvo que dar marcha atrás, cuando solo estaban haciendo lo que el gobierno central les había pedido hacer, y lo que técnicamente procedía desde el punto de vista epidemiológico: adoptar medidas de restricción y contención porque su semáforo estaba en rojo.

¿Alguien entiende entonces de qué trata el chiste? ¿Si el Concejo toma medidas en su ámbito territorial, siendo que eso fue, además, lo que el Gobierno le pidió, pero eso incomoda a la Cámara de Comercio, entonces no vale nada la autoridad municipal ni la instrucción gubernamental? ¡Se imaginan el nivel de confusión e impotencia de las autoridades locales, y de la población, que ve cómo el libre tránsito de los bienes y mercancías tiene más prioridad que el resguardo de sus vidas!
Además, según el semáforo oficial, hay 169 municipalidades en rojo; el 49.70%. Es decir que la mitad del país, por lo menos, debería estar todavía con fuertes medidas de restricción y contención, según los propios instrumentos de información (plataforma covid) y de monitoreo (semáforo) que el Gobierno mismo ha impulsado.

¡No en balde el semáforo cayó rápidamente en el descrédito! Da igual que marque rojo, naranja o amarillo; de poco sirve también que se individualice la situación de cada municipio, si las medidas que se pueden tomar se siguen decidiendo a nivel del gobierno central y de los actores de poder e influencia del sector económico. Les restan credibilidad y capacidad de hacer lo que toca, pero luego los van a responsabilizar a ellos, y a la gente, de que el semáforo no cambie de color.
Similar situación ocurre con el rastreo y el testeo. La estrategia del Gobierno debería ser que los equipos de rastreo sean integrados, reclutados y contratados a nivel local. El estado de Calamidad pudo proveer el marco legal para una disposición transitoria para la descentralización de esos procesos. Así que, para cuando el MSPAS central les provea de suficientes pruebas a los municipios, doten a los laboratorios locales de reactivos para procesarlas y les contraten rastreadores a las unidades locales de salud, ya iremos por la mitad de la segunda ola epidémica.

La descentralización de la gestión de la epidemia resulta ser tan falsa como el semáforo cuyos colores pretende cambiar.