El próximo 14 de enero tomarán posesión el presidente electo Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo, vicepresidente electo. A partir de allí, ambos pueden pasar a la historia y transformar a Guatemala. Según diversos estudios, existen tres prioridades para la Nación en materia de desarrollo que deben ser resueltos, para que tengamos un futuro más prometedor: primero, se deben fortalecer las instituciones del Estado para que cumplan su papel de garantizar los servicios establecidos en la Constitución, segundo, aumentar la inversión en capital humano y tercero, generar un clima de negocios para que nuestro país sea más atractivo para la inversión productiva.

Estas tres prioridades seguramente son compartidas por muchos guatemaltecos y el énfasis se encuentra en la forma en que se llevan a cabo a lo largo de cuatro años, con una serie de indicadores que ayuden a que las soluciones a los problemas sean las más efectivas. El hecho de que el Foro Económico Mundial, (una organización compuesta por empresarios) y las Naciones Unidas (un organismo constituido por países), tengan un enfoque prioritario en cuanto a los objetivos para lograr mayor competitividad y los objetivos de desarrollo sostenible, demuestra que se pueden generar grandes acuerdos, cuando se trabajan con datos claros.

Las prioridades para el fortalecimiento institucional deben enmarcarse en tres áreas, ¿cómo se eligen a los representantes del país?, ¿cómo se evalúa a las personas una vez están en el poder? y ¿qué mecanismos de control de pesos y contrapesos existen en el Estado dentro de nuestro sistema republicano? Esto claramente determina que se debe no solo reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sino también la Ley de Servicio Civil, que garantice una mayor meritocracia dentro de los funcionarios públicos. Se requiere además una reforma profunda al sistema de justicia, así como sistemas claros de transparencia y calidad del gasto público, que claramente demandan una agenda digital para Guatemala, donde el Gobierno utilice sistemas tecnológicos para sus operaciones.

La segunda prioridad en materia de capital humano requiere un aumento a la inversión pública y sistemas descentralizados público-privados, que permitan aumentar la red de servicios del primer nivel de salud, que ayuden a reducir la desnutrición crónica, y mejorar la capacidad del Estado, para garantizar mejoras importantes al sistema de salud pública y aumentar la calidad educativa.

Este componente requiere de una articulación a nivel preventivo y de mejoras a nivel municipal, donde los alcaldes se vuelven aliados importantes, especialmente en la dotación de servicios de drenajes, agua potable y tratamiento de desechos. La agenda de desarrollo urbano y la Política Nacional de Competitividad 2018-2032 son una guía clara para lograr superar estos desafíos.

Por último, como tercer elemento, se necesita que el próximo Gobierno genere una mejor capacidad para atraer inversión, comenzando con un nuevo mecanismo que le permita al Estado mayor inversión en infraestructura vial (la aprobación de la Ley General de Infraestructura Vial será vital en este proceso), así como generar los mecanismos adecuados para resolver cómo se genera un proceso de consulta comunitaria, qué mecanismo legal permiten el pago por hora y qué herramientas jurídicas se pueden utilizar para dotar a grandes inversiones de condiciones más favorables, que permitan que se establezcan en el país y que con ello existan más empleos.