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¿Quién ganó más en la crisis de los combustibles?
Con el diésel a Q50, el IVA por galón casi se duplicó. Quien más ganó con la crisis de los combustibles fue el fisco.
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El martes 22 de septiembre, 148 diputados aprobaron de urgencia nacional el decreto 22-2026. La ley exime temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y el IVA sobre las gasolinas y el diésel. Rige hasta el 31 de diciembre. Unos días antes, Prensa Libre publicó el monitoreo de precios del ministerio de Energía y Minas (MEM). El galón de diésel pasó de Q25.12 en enero a Q49.36 a mediados de septiembre, un alza del 96.5 por ciento. Las gasolinas subieron más del 60 por ciento. ¿Quién cree que fue el que más se benefició?
Si el gobierno puede pagarle a Covial y a las municipalidades sin cobrar el IDP, ese impuesto nunca hizo falta. Hay que eliminarlo.
El IVA se cobra como un porcentaje del precio, así que, si el precio se duplica, el impuesto también. En enero, cada galón de diésel le dejaba al fisco Q2.69 de IVA. En septiembre le dejaba Q5.29. Un transportista que carga 15 galones pagaba unos Q40 de IVA; ahora paga Q79. El gobierno no hizo nada para ganar esa diferencia. Cobró la misma tasa sobre un precio más alto y listo. La factura petrolera da la escala. Según el MEM, entre enero y julio en Guatemala se pagaron USD3,599 millones por importar hidrocarburos, USD1,043 millones más que en 2025. Solo el IVA en aduana sobre esa diferencia ronda los USD125 millones. ¿De dónde cree usted que salió ese dinero? Salió del bolsillo de quien llena el tanque de su moto, carro o camión. Mientras los guatemaltecos pagábamos cada vez más en la gasolinera, la recaudación subía.
Por eso es un ejemplo de cinismo olímpico que ahora la SAT esté llorando por lo que dice que va a “sacrificar”. Según su estimación, el fisco dejará de percibir Q3,318.4 millones durante la exención, y Q1,986.2 millones de esa suma son IVA. Buena parte de ese IVA existe solo porque el precio del petróleo se disparó. Un ingreso que sube solo, sin tener que correr con el costo político de subir la tasa, es el más cómodo que hay. Nadie tiene que dar la cara. Los tributarios pagan el incremento sin darse cuenta. De ahí que quitarlo no es un “sacrificio” del gobierno. Más bien es que el gobierno deje de aprovecharse de los sacrificios que la población sí está haciendo.
El decreto 22-2026 va en la dirección correcta. Pero se quedó corto. El IDP no debería eximirse tres meses; debería desaparecer. Es un impuesto que ya fue declarado inconstitucional por constituir doble tributación. Y lo peor es que el propio decreto prueba que el IDP sobra. Su artículo 4 ordena al ministerio de Finanzas mantener las transferencias a Covial y a las municipalidades. ¿Con qué dinero? Con saldos de caja, ingresos corrientes no afectados y recaudación por encima de la meta. Ese dinero existe porque el gobierno no ejecuta la obra que presupuesta y cierra cada año con caja. Si el gobierno puede pagar a los “beneficiarios” sin recibir el IDP ni el IVA durante tres meses, ¿por qué no durante todo el año?
La respuesta es darle al mantenimiento vial una partida explícita en el presupuesto y recortar gastos de funcionamiento para cubrirla. El IDP no solo es inconstitucional, sino que no es necesario. Por supuesto que sus “beneficiarios” lo van a defender a capa y espada. Pero eso no lo hace ni más legal ni más necesario. El Congreso tiene tres meses para derogar el IDP. Si no lo hace, en enero volverán a aplicarse los dos impuestos, y con ellos los bloqueos y la tentación del subsidio. Esta vez, con la campaña electoral encima.
No hay que olvidar que, entre todo este relajo, el decreto 21-2026, el del subsidio que fue aprobado hace unos días, todavía está como guillotina amenazante que puede ser activada en cualquier momento, porque el Congreso todavía no lo ha archivado. Hay que exigirles a los diputados que lo manden al archivo antes de que a alguien se le ocurra revivirlo. ¡No más IDP ni más subsidios! ¿O vamos a esperar a la próxima crisis para pedirlo?
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