Estados Unidos
Ideas
¿Quién nos protege de la incompetencia del gobierno?
¿Nos dejará el Congreso a merced de miles de normas inmortales? ¿Esas que nadie recuerda haber aprobado, pero que nadie se atreve a derogar?
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Un revelador informe fue remitido al Congreso hace unos días. La Superintendencia de Competencia (Sicom) reveló que 1,187 de 1,534 normas analizadas, de 180 instituciones gubernamentales, contienen posibles barreras a la competencia. ¡El 77 por ciento del material examinado amerita escrutinio! ¿Sorprende a alguien este resultado?
La investigación de la Sicom confirma lo que siempre hemos dicho: los principales obstáculos para competir provienen del gobierno, no del mercado.
Las empresas guatemaltecas padecen esta asfixia normativa desde hace mucho. No hablamos de un ministerio desordenado ni de un alcalde abusivo. Cuando tres cuartas partes de las normas revisadas levantan sospecha, el problema está en el sistema. Se fabricaron reglas durante décadas sin que nadie midiera su costo ni revisara su vigencia. La investigación de la Sicom confirma lo que hemos dicho: los principales obstáculos para competir provienen del gobierno, no del mercado. ¿Por qué nos asombramos ante la falta de competencia si el propio gobierno levanta los muros de contención?
Cada una de esas disposiciones tuvo padrinos. Un gremio, un colegio profesional o una oficina gubernamental obtuvo algo concreto: una tarifa mínima, una exclusividad, un requisito de entrada. El costo se repartió entre millones de consumidores que nunca se enteraron. A eso se le denomina “búsqueda de rentas”: conseguir privilegios del gobierno en lugar de ganar clientes.
Este todavía no es el veredicto final. El equipo técnico todavía debe separar la regulación legítima del privilegio disfrazado, y todavía faltan innumerables normas por revisar. Pero el diagnóstico general no cambia: son las barreras gubernamentales las que impiden la competencia. Una pequeña empresa que busca legalizarse enfrenta licencias, tasas y trámites, la mayoría inservibles. Su competidor informal opera al margen de todos ellos. Una cadena con tiendas en diez municipios soporta diez regímenes distintos de licenciamiento.
Lo visible es la norma, el sello, la ventanilla. Lo invisible es el taller o la tienda que nunca abrieron, el empleo que nadie creó y el precio que no bajó porque el competidor se cansó de esperar el permiso. Ese costo no aparece en ninguna contabilidad, pero lo pagamos todos, todos los días. Una empresa grande no constituye por sí misma una barrera. El problema surge cuando el gobierno impide que otro empresario la desafíe con mejor precio, tecnología o servicio. Por eso el inventario de la Sicom vale tanto: pone cifras a un daño que hasta ahora solo se intuía. Esta tarea pienso que es lo único bueno que puede salir de esa dependencia.
Aquí aparece el riesgo mayor: que los mismos que colocaron sus privilegios influyan sobre cuáles sobreviven. ¿Cambiaremos 1,187 barreras por un escritorio nuevo donde haya que pedir permiso? Esa sería la barrera número 1,188. Por eso este inventario justifica algo más ambicioso que el mandato de la propia Sicom: una ley del ocaso. La idea central es que ninguna intervención gubernamental tendría por qué recibir una presunción automática de eternidad. Toda norma de rango inferior a los Códigos debería tener una vigencia máxima de 10 años. Vencido el plazo, caduca sola. Si alguien la considera indispensable, que promueva que se apruebe de nuevo y explique por qué. El mecanismo invierte la carga de la prueba. Ya no le toca al ciudadano demostrar que una tasa sobra, sino al gobierno justificar para qué sirve. Al lado de eso, el silencio administrativo positivo y una ventanilla única digital harían más por la competencia que cien dictámenes de la Sicom.
El reloj corre. El plazo para que la Sicom termine su investigación vence en octubre de 2027. Debemos, entonces, medir su éxito por barreras efectivamente derogadas. Y midamos al Congreso por una sola cosa: si aprueba la caducidad automática o si nos deja otra vez a merced de miles de normas inmortales. Esas que nadie recuerda haber aprobado, pero que nadie se atreve a derogar.
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