Para ganar votos, los partidos políticos nos ofrecerán desde gorras hasta trabajo. Además, nunca faltan las personas que ofrecen sus servicios para las campañas de los partidos políticos, con el interés de recibir un trabajo o un “hueso” de premio por su colaboración. Hueso es un coloquialismo que probablemente originó en México y que literalmente significa atrapar un empleo gubernamental.

El hueso es atractivo por varias razones. Primero, se obtiene como privilegio y no por mérito; pasa a segundo plano el perfil del puesto. Segundo, se devenga un salario independientemente de la dedicación o eficacia del funcionario. Tercero, se codicia lo que hemos dado en llamar la “inamovilidad en el cargo”; los despidos son poco frecuentes. Cuarto, una vez creadas, las burocracias estatales se convierten en estructuras prácticamente permanentes. Reciben anualmente una tajada de presupuesto general, sin importar su rendimiento. Quinto, el hueso dota al empleado público de poder arbitrario mediante el cual genera ingresos adicionales al salario. Sexto, si el ambiente laboral es relajado, el susodicho puede emprender y dedicar buena parte de sus horas hábiles a sacar adelante su negocio en forma paralela. Séptimo, los trabajadores públicos se pueden sindicalizar y organizar protestas, y así consiguen aumentos salariales.

Aunque no sabemos a ciencia cierta cuántas personas trabajan en el gobierno, evidentemente la planilla ha crecido. Entre 2001 y 2022, el número de personas contratadas por el gobierno central subió de 108,321 a 234,730 personas, es decir, aumentó en un 116% (Prensa Libre). La ENEI, por su cuenta, calculó que los empleados públicos son casi el doble: 432,899. Es cada vez mayor el porcentaje destinado a gastos de funcionamiento, en su mayoría pagos a recursos humanos, explica el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). En 2021, el 67.1% del presupuesto se destinó a funcionamiento.

Entre más intervencionista y socialista es el partido gobernante, más personas consiguen huesos. En Nicaragua, aumentó en 334% el número de empleados públicos desde que Daniel Ortega llegó al poder. En Cuba, el gobierno es, por mucho, el principal empleador de la isla, pues 3 de los casi 4.5 millones de trabajadores cubanos laboran para el gobierno.

El daño causado por esta práctica es significativo. El gobierno cobra más impuestos o incurre en deuda para pagar los salarios de los nuevos empleados públicos. Destruyen empleos en el sector productivo y desvían recursos que hubieran servido para crear riqueza. Por otra parte, una dependencia estatal excesivamente poblada es tan ineficiente que se acuñó el término demosclerosis para aludir a un aparato público enfermo, hinchado y podrido. El buscador de huesos también se compara con la planta parásito, la cual puede llegar a debilitar o matar a la planta verde que es su anfitrión.

Una propuesta de solución viable es el puente de oro. El empleado público sigue devengando su salario mensual por un tiempo prudencial, como por ejemplo seis meses, sin presentarse a trabajar. Estos meses de gracia le permiten a la persona hacer la transición del sector público al privado. Adicionalmente, cada programa gubernamental aprobado puede incluir una cláusula de ocaso que ordena el cierre del programa al cabo de cinco, seis u ocho años, salvo caso que éste merezca la pena ser extendido. Menos efectivo es el nombramiento presidencial de una especie de procurador encargado de reducir o reorganizar los despachos ministeriales. Finalmente, al aprobar el presupuesto de la nación se pueden incluir candados que limitan las contrataciones nuevas. ¿Quién se anima?