Estados Unidos
Al grano
Reflexiones sobre las comisiones de postulación
El paso del tiempo permite, como en un laboratorio, ponderar qué reglas generan buenos resultados.
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Desde su creación, las comisiones de postulación han sido una pieza clave del sistema legal guatemalteco, introducidas por la Constitución de 1984, con la esperanza de transformar el proceso de selección de ciertos funcionarios públicos clave y magistrados de los principales tribunales. A través de la participación activa de universidades y colegios profesionales, se buscaba que estos organismos actuaran como un filtro que asegurara que los postulados fueran individuos con trayectoria, competencias y honorabilidad, en lugar de ser elegidos exclusivamente por criterios ideológicos, corporatistas o partidistas.
La teoría política explica que los grupos de interés siempre procuran la captura de las instituciones. Es su naturaleza.
El ideal era noble: realizar un proceso de selección que priorizara la independencia, imparcialidad y capacidad de quienes asumen roles fundamentales en la implementación del Estado de derecho y los valores republicanos. La idea era que, al involucrar a actores reconocidos en la esfera académica y profesional, se reducirían las influencias ilegítimas y se elevaría el estándar de calidad de los funcionarios públicos, alineándose así con el objetivo de construir un Estado de derecho sólido y efectivo.
Sin embargo, tras casi cuatro décadas desde su implementación, la realidad ha mostrado que la práctica dista mucho de la visión inicial. Si bien ha habido algunos casos en los que las comisiones de postulación han cumplido con su propósito, la mayoría ha estado marcada por el intervencionismo partidista y la presión de grupos de interés. Este fenómeno ha evidenciado que ni las universidades ni los colegios profesionales han logrado convertirse en baluartes contra el asedio de las redes de tráfico de influencias.
La crítica no se dirige a la política en sí misma, pues “lo político” es una dimensión necesaria en la gobernanza; más bien, se enfoca en sus connotaciones partidista y sectaria. Muchas veces, los intereses de partido han eclipsado la independencia de las instituciones y han opacado los procesos de selección, llevando a la elección de candidatos que terminan siendo leales a las cúpulas partidarias o de redes que los postulan para después ejercer influencias sobre sus decisiones.
Hoy, Guatemala se enfrenta a un desafío crítico en este contexto. La necesidad de configurar el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, y la designación de nuevos funcionarios, como el fiscal general, el contralor General de Cuentas y el presidente del Banco de Guatemala, es apremiante. Las expectativas sobre que estos procesos se desarrollen de manera transparente y efectiva no son altas. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que se implementen mecanismos de fiscalización cívica y auditoría social que busquen evitar que sean nombrados funcionarios ineptos o sujetos a las influencias ilegítimas de grupos de interés.
La participación activa de la ciudadanía puede constituirse en una dimensión positiva del proceso político. A pesar de las adversidades, situaciones similares en otras democracias han mostrado que la movilización social y las redes de control ciudadano pueden ser un antídoto eficaz contra la captura del poder por parte de intereses ilegítimos.
Las comisiones de postulación se basaron en una imagen idealizada de las universidades y los colegios profesionales que, encima, cambió radicalmente en apenas tres décadas. Pero tampoco es imposible para los ciudadanos organizarse y asumir sus deberes cívicos.
Si bien la solución definitiva y de largo plazo requiere de reformas constitucionales y legales, en el ínterin es indispensable fiscalizar.
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