Como anuncié hace dos semanas, en esta seguidilla de artículos sobre el Conamigua, hoy me refiero al hecho de que después de años y años de ser esta una burocracia propensa a la corrupción inservible, ahora prácticamente existe consenso en el hecho de que su ley constitutiva sea modificada. Los migrantes que tienen relación con los políticos en Guatemala parecen estar de acuerdo. Sectores de sociedad civil que se interesan por lo migratorio también. Y lo más importante, existe también interés entre miembros de la Comisión del Migrante del Congreso, quienes podrían estar enviando al pleno una propuesta para que pase por el proceso legislativo.

El cambio, entonces, parece ser necesario para todos los actores. La disyuntiva, sin embargo, es si en ese cambio conviene darle más años de vida, o si, como se ha promovido desde este espacio de opinión, se inicia el proceso de cierre de una entidad que solo uno de sus problemas es su propensión al saqueo de las arcas públicas. Y ese solo es uno de sus problemas, pues quizás aún más grave es cómo se desvía la responsabilidad que tienen distintas oficinas de Estado para la población afectada por la migración. Especifico: ¿Quién es responsable de la salud de los migrantes? El Ministerio de Salud, no el Conamigua. ¿Y la responsabilidad de atender sus necesidades en el exterior? Es el Ministerio de Relaciones Exteriores, no el Conamigua. Así, nos podemos ir en cada uno de los campos que deben ser atendidos.

Quienes están interesados en promover la continuidad de Conamigua empujan la agenda hacia una renovación de su ley. En esta, sin embargo, no veo posibilidad de que puedan alcanzarse las modificaciones necesarias para hacerla útil. Como se dijo ya, existe institucionalidad previamente establecida para cada necesidad de la población migrante. Por eso, algunos insisten, “convendría tener en el Consejo a una especie de contrapeso, un ente de fiscalización que vele y trabaje para que la institucionalidad ejecutiva del Gobierno atienda a esta población”. Sin embargo, mientras el Consejo sea presidido por el ministro del Exterior, quien a su vez es quien le habilita el presupuesto, es ingenuo pensar que ese contrapeso funcione. Dudo, sin embargo, que una propuesta de modificación traiga incorporado este cambio.

Como también dudo que ninguna propuesta de modificación vaya a proponer eliminar la idea de que el Conamigua sea un ente por donde desfilen millones de quetzales. Muy al contrario, el interés generalizado entre quienes lo defienden es darle más presupuesto, y desarrollarlo como un ente ejecutor. Las cifras son alarmantes, pues se habla de fortalecer el mecanismo por medio del cual recibe un porcentaje sobre cada dólar que envían los migrantes en remesas, y un porcentaje sobre cada documento consular pagado en el exterior. Este es el modelo actual que, afortunadamente, los cancilleres han tenido el tino de no ejecutar, al invertir mejor ese dinero en funcionamiento consular. Las pretensiones presupuestarias con la modificación oscilarían entre los 100 y 200 millones de quetzales anuales.

Se estima que, en este siglo, al menos dos millones de personas han salido del país. En esos 20 años ya casi llegamos a los US$100 mil millones de remesas. Ni un solo plan de gobierno, ni una sola política pública. Conamigua se ha mantenido ahí estorbando, mientras que la responsabilidad sobre Segeplán, el Instituto de Migración y la Cancillería, por mencionar unos pocos, se olvida. Con un presupuesto multimillonario, este ente tiene un enorme potencial de continuar siendo un atractivo para la industria de la mafia pública. La Comisión del Migrante del Congreso tiene la oportunidad de evaluar si vale la pena calentar esta papa otra vez. Imagínenlo. Ustedes podrían estar firmando la reforma que habilite 15 años más de burocracia corrupta.