Reflexiones sobre el deber ser
Reforma del Congreso
La ciudadanía no solo está inconforme con el escrutinio por lista cerrada.
El Congreso es la máxima representación nacional y sus funciones torales son legislar y fiscalizar la gestión pública. Está integrado por 160 diputados, quienes, en teoría, deberían de ser los legítimos representantes del pueblo.
Las siguientes legislaturas no aprendieron la lección de 1994.
Sin embargo, la ciudadanía no se siente representada por los congresistas, debido a que la postulación de los candidatos a diputados es el resultado de componendas politiqueras, plutocráticas e instrumentales, lo que implica que no son designados con base en méritos, sino atendiendo a intereses creados. Lo anterior, sin perjuicio de que el Legislativo es percibido como un organismo disfuncional y un espacio en donde los diputados se enriquecen a base de opacas negociaciones a espaldas de la población.
En todo caso, cabe recordar que el envilecimiento de la 2a. Legislatura (1991-4) generó un clamor popular por la depuración del Congreso, que se tradujo en la convocatoria al referendo revocatorio celebrado el 30 de enero de 1994, que redundó en la terminación anticipada de los períodos y funciones de los diputados. Sin duda, este ejercicio ciudadano sentó un trascendental precedente contestatario.
Empero, las siguientes legislaturas no aprendieron la lección de 1994. Para empezar, la ciudadanía todavía ignora quiénes son sus representantes, ya que los diputados son elegidos a través del sistema de elección plurinominal por lista cerrada en distritos electorales muy extensos (lista distrital) o a nivel nacional (lista nacional). Por ende, los partidos y no los candidatos son los que compiten entre sí, a través de planillas bloqueadas, que incorporan candidatos invisibles, escondidos y desconocidos. En dos platos, se vota por el partido y no por el candidato.
Una variante del escrutinio plurinominal es la lista abierta, que asegura que el votante pueda elegir candidatos específicos dentro de una lista partidaria, alterar el orden propuesto o, incluso, combinar candidatos en listas de distintos partidos. De suerte que el sufragio no se limita a votar por un partido, sino que se extiende a votar por candidatos individualizados.
Bajo el sistema de elección uninominal (mayoritario), los candidatos compiten entre sí en distritos relativamente homogéneos y limitados, en una competencia directa y personal. El resultado es que la población en cada distrito elige a su diputado como resultado de una contienda entre candidatos. Luego, el electorado sabe a quién elige; y, por lo tanto, también identifica al sujeto que debe rendir cuentas y responder por su conducta oficial.
Aunque me inclino por el escrutinio uninominal, apoyaría una reforma inmediata que incorpore la lista abierta en el marco de la representación de minorías, previo a adoptar el sistema mayoritario. Esto oxigenaría la democracia representativa.
Por supuesto, la ciudadanía no solo está inconforme con el escrutinio por lista cerrada, sino también repudia: 1) La reelección indefinida de diputados; 2) el excesivo número de diputados y el abusivo presupuesto del Congreso; 3) el vaciamiento de la Constitución, a través del bloqueo de la rendición de cuentas del Estado, del escandaloso clientelismo, mediante las inconstitucionales asignaciones presupuestarias a los Codedes, así como del demencial irrespeto del proceso de formación y sanción de la ley; 4) la anulación del debate legislativo, a través de la interferencia de la instancia de jefes de bloque; y 5) el obsceno autoincremento de la remuneración de los diputados y la autoasignación indemnizatoria.
Sin duda, la reforma del Congreso pasa por el abordaje de estas y otras cuestiones fundamentales.