Un millón 200 mil casos confirmados, acumulados desde que se inició la pandemia; 20,020 muertes reconocidas oficialmente, aunque sabemos que estas cifras solo reflejan una parte de lo que ha pasado en realidad en el país. En menores de 18 años están reconocidos 138,638 casos (11.6% del total). Los niños, niñas y adolescentes son los sujetos que menor riesgo presentan por la covid-19. No están totalmente exentos, especialmente cuando aún falta vacunar una significativa cantidad de adultos; cuando están emergiendo variantes con más capacidad de infectar y cuando sabemos que hay niños, niñas y adolescentes con comorbilidades o condiciones inmunológicas para quienes la covid-19 sí puede resultar una seria amenaza.

Después de casi tres años, en enero 2023 las familias guatemaltecas se preparan para que sus hijos retornen plenamente a clases presenciales; algunos se preguntan cuán seguro es. Siendo que aún estamos en pandemia, con baja cobertura vacunal, prácticamente sin vacunas, con alza estacional de casos y sin interés por vacunar a la población de entre 6-11 años; cuando el gobierno ha quitado toda medida, incluido el uso de la mascarilla en espacios cerrados, pues obviamente la preocupación de padres y madres es legítima. Más que si es seguro o no, lo que inquieta es cómo están las escuelas gestionando ese riesgo.

Por supuesto, el escenario de retorno a clases es muy heterogéneo y desigual. Los colegios de élite, especialmente los que ni siquiera siguen el calendario nacional de clases (enero-octubre), que tienen condiciones de infraestructura, sanitarias y de ventilación adecuadas; donde ni estudiantes ni maestros están hacinados y, sobre todo, donde la mayor parte de la comunidad educativa está vacunada, el riesgo no solo es más bajo, sino está mejor administrado.

Los colegios para estos estratos sociales adoptan, como mínimo, lo que indica el protocolo que emite el Mineduc para el retorno a clases; pero, además, suelen tomar medidas complementarias que muy posiblemente les permiten identificar tempranamente los casos y posibles brotes que puedan surgir.

En el otro extremo están los establecimientos públicos del Mineduc, con pocas condiciones de infraestructura física y sanitaria; con aulas pequeñas y no bien ventiladas; hacinadas y con pocos maestros, expuestos por largos períodos de tiempo; con familias posiblemente no vacunadas o parcialmente vacunadas nada más.

Mis descripciones de esa heterogeneidad son maniqueas. No me alcanza el espacio para retratar la amplia gama de situaciones que seguramente enfrentan los planteles educativos del país. Lo que encontré en la página del Mineduc fue un manual con lo básico, sin recomendaciones específicas para la realidad concreta de la mayoría de las escuelas públicas del país; sin indicaciones de qué hacer concretamente en contextos de hacinamiento, falta de agua, etc. Deja el uso de la mascarilla en los estudiantes a criterio de los padres, cuya posibilidad de medir el nivel de riesgo dentro de las instalaciones educativas es muy limitado. El manual no menciona la vacunación covid-19. ¿Tendrá un registro de personal vacunado por plantel educativo que permita programar la aplicación de refuerzos a los maestros y otro personal de las escuelas? ¿Un censo de cuántos niños y niñas ya están vacunados y de sus familias? El retorno seguro a clases no debe ser solo un eslogan de campaña. Sí es posible reducir el riesgo y administrarlo adecuadamente. Las escuelas son, además, lugares propicios desde los cuales se puede irradiar influencia a favor de la vacunación hacia los hogares de los educandos. Desde el 2021 lo venimos planteando…