Alejandro Giammattei se ufanaba en decir que se había preparado 20 años para gobernar Guatemala. Hoy, sentado en la silla presidencial, demuestra su total incapacidad y evidencia que durante 20 años lo único que aprendió fueron las malas artes de la cleptocracia. ¿Cómo es posible que un médico sea un total desastre en el manejo de la pandemia? No es solo la ineficiencia para mantener en crisis el sistema de salud, sino lo que está oculto tras el negocio del contrato de las vacunas Sputnik V, que a todas luces es lesivo para los intereses del Estado. A la fecha suman cinco las denuncias contra ese contrato por el cual ya se pagaron Q614.5 millones sin que haya certeza de que la empresa vendedora cumpla con la entrega total de los 16 millones de dosis adquiridas. Con el argumento de la confidencialidad, el Ministerio de Salud se niega a entregar el contrato al Congreso, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público.

El diario elPeriódico informó ayer que la ministra Amelia Flores había suscrito un acuerdo de compra anticipada con la compañía estadounidense Jannsen, propietaria de la vacuna Johnson & Johnson, de una sola dosis. Según el reporte, cada vacuna tenía un costo de US$10 dólares, lo cual significa que tenía un precio 50% menor a la Sputnitk, cuyas dos dosis tienen un valor de US$19.90. Se desconoce por qué el Gobierno no siguió el proceso de compra de la vacuna estadounidense y se decantó por la rusa, pese a costar el doble y cuyo contrato tiene condiciones leoninas. La empresa rusa exigió el pago del 50% del total de los 16 millones de unidades, pero sin dar ningún cronograma de entrega. Además, en el contrato se señala que, bajo ninguna circunstancia, la responsabilidad del vendedor por el incumplimiento excederá los US$100 mil, o sea, apenas el 10% del precio total pagado por Guatemala.

Pero no es solo la existencia de serias dudas sobre este contrato que huele a corrupción, sino el desastre total en el manejo de la pandemia. En la actualidad, el país está por arriba de los tres mil casos diarios de coronavirus y no hay medidas oficiales urgentes para frenar el contagio. El Hospital General San Juan de Dios registra un 400 por ciento de ocupación en las áreas de atención de covid-19, mientras en el Hospital del Parque de la Industria existe una crisis por falta de personal médico y paramédico, además de falta de medicamentos en todo el sistema de salud. Tan urgente es la necesidad de inmunización que miles de compatriotas viajan a Estados Unidos y al sur de México para obtener la vacuna. La crisis es total y el presidente no da la cara. O sea, existe una violación flagrante de un mandato constitucional de que el Estado debe proteger a la persona y a la familia, como su fin supremo.

Es evidente que las autoridades son incapaces de proteger la salud y la vida de los guatemaltecos. Basta ver cómo los países vecinos, El Salvador y México, han avanzado en el proceso de vacunación para entender que las autoridades guatemaltecas son un completo desastre. Ni siquiera para recibir la donación de vacunas de Estados Unidos existe eficiencia de parte del gobierno y de sus aliados en el Congreso. Es más, la ministra de Salud pidió 15 días para elaborar el reglamento que complementa la Ley de exención de responsabilidad en el uso de vacunas covid-19, algo que ya debía tener elaborado. Ese simple hecho significa un mayor retraso en el ingreso al país de la donación de vacunas. Por ello me uno a las voces que exigen la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la ministra de Salud, Amelia Flores, porque son responsables de la pérdida de miles de vidas, vidas que se pudieron salvar si tan solo existiera un mínimo interés en resolver el problema de salud.