Guatemala, en los últimos 10 años, no ha tenido un avance significativo en la justicia. El año pasado, el país descendió 3 puntos en el índice mundial del estado de Derecho, elaborado por el World Justice Project. Resalta el deterioro de dos indicadores: límites al poder gubernamental y la ausencia de corrupción.

Lo interesante es que ambos indicadores están interrelacionados. Cuando analizamos la corrupción debemos hacerlo desde dos perspectivas: el sistema judicial y el diseño institucional. Usualmente solo se habla de contar con un sistema judicial fortalecido y eficiente ya que es un disuasivo para disminuir la corrupción a través del castigo penal, aunque no es suficiente. También se necesita de un diseño institucional que limite adecuadamente el poder público para evitar la discrecionalidad y el abuso de poder que conlleva la corrupción. Cuando el Poder Judicial es una función del Estado se hace eminente que esté en constante evaluación, análisis y progreso para asegurar a todos un acceso a la justicia objetiva, pronta y cumplida.

Desafortunadamente parece que la justicia guatemalteca seguirá desgastándose, nuestro sistema enfrenta grandes retos visibles e invisibles. En primer lugar, el reto visible que afronta la justicia es la integración de las altas cortes de país. Por un lado, la Corte de Constitucionalidad (CC) por diversas situaciones imprevistas no cuenta con todos sus integrantes en el cargo, y por el otro, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones llevan más de un año de retraso en la renovación de sus magistrados. Esta situación se ha vuelto un problema político debido a que la CSJ nombra parte de los integrantes de la CC, institucionalmente la elección de una corte no debe condicionar políticamente la conformación de la otra por las graves consecuencias que eso significaría para la justicia. Verlas como condicionantes implica crear una situación peligrosa de negociaciones espurias, opacas y no reguladas en la Constitución. Cada proceso de elección debe seguir su propia regulación y no adentrarse a lo ámbito de lo irregular o ilegal.

La solución para la elección de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones pasa necesariamente por enmendar la plana de la forma de votación que indicó la CC. El Congreso puede reformar el acuerdo legislativo realizado por la misma institución y hacer un compromiso político de dedicar sesiones específicas para ello. Esto es una idealización con dos dificultades: la baja confianza que existe de la ciudadanía hacia el Congreso, y la polarización social. Lo anterior dificulta que pueda existir un acompañamiento de sectores ciudadanos a este importante ejercicio de alternabilidad del poder. Sin embargo, la situación crítica amerita altura política y social para solucionar un problema grave.

Por otro lado, es importante encontrar una solución para la designación de magistraturas ausentes en la Corte de Constitucionalidad, es vital para dotar de legitimidad y cuidar el orden constitucional del país. El riesgo de no tener todas las magistraturas en la CC a media pandemia sanitaria y crisis judicial es alto. La CC es clave para el control del poder público y la defensa del orden constitucional, situaciones que se materializan a través de la protección de derechos individuales y el control cruzado del poder público.

Por último, es importante mencionar un reto para la justicia del país no tan visible: la ausencia de herramientas adecuadas para el sistema. La crisis sanitaria que vivimos este año ha saturado los juzgados dificultando —aún más— el acceso a la justicia en el país. Este es un momento oportuno para impulsar reformas y mejoras en la administración de la justicia como la notificación electrónica (entre otras).

Ante estos retos tan diversos, es urgente solucionar el problema político de las cortes, modernizar el sistema judicial e impulsar una serie de reformas institucionales que eliminen la discrecionalidad y abuso del poder público. No podemos esperar otros 10 años.