Las evidencias son muy claras: está en marcha un plan destinado a revertir las investigaciones y los casos que involucran a miembros de las élites de poder, involucrados en corrupción, impunidad y violación a los derechos humanos. La estrategia comenzó a estructurarse durante el gobierno de Jimmy Morales, cuyo primer objetivo fue la desarticulación de la Cicig y la salida del país del comisionado Iván Velásquez. Las élites empresariales, políticas y militares se cohesionaron para evitar la pérdida de sus privilegios y continuar el saqueo de los recursos públicos. De ahí que el siguiente paso fue el control de los organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas. Ahora han pasado a la etapa de entorpecer las investigaciones y maniatar a la justicia, lo cual es un grave retroceso para el país.

Este es un proyecto a largo plazo, en el cual las mafias quieren institucionalizarse y convertirse en una dictadura cleptocrática. Para ello fue fundamental la cooptación de la CC y haber colocado al frente de ese organismo a Roberto Molina Barreto para revertir procesos judiciales. Solo de esa manera se puede explicar que los magistrados de la CC anularan la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en el caso Subordinación de poderes. En dos platos, eso significa que se invalidan las pruebas que incriminan a la exvicepresidenta Roxana Baldetti que dirigía la red de sobornos para que los diputados aprobaran la Ley Tigo. Según la Cicig, se pagaba en forma bimensual Q50 mil a cada diputado, cuyo dinero era entregado en maletas a personal de Baldetti de manos Acisclo Valladares Urruela (ahora prófugo) y Luis Fernando Valladares Guillén, directivos de Tigo, en las oficinas de esa empresa. La Feci dice que lo resuelto por la CC afecta el trabajo de investigación y se vulnera el principio de seguridad jurídica, pues dejan sin efecto una resolución ya emitida.

Previamente, la CC había rechazado un antejuicio plateado por la Feci contra el juez Víctor Cruz por prevaricato, porque con su actuación invalidó pesquisas en el caso contra Tigo. De esta manera, la CC, presidida por Molina Barreto, lanza un guiño a Tigo y un salvavidas a un juez a quien la Feci no podrá investigar por las sospechas de haber beneficiado a los implicados en el caso Subordinación de poderes. Al mismo tiempo, la CC lanza dardos envenenados contra la jueza Érika Aifán, a quien revocó un amparo a su favor por un antejuicio espurio en su contra. Aifán, al igual que los jueces Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez y Yassmin Barrios están bajo asedio por llevar casos de alto impacto. Ellos denunciaron esta semana que son intimidados por hombres armados que viajan en vehículos sin placas. La jueza Barrios dijo que el director de la Policía Nacional Civil ha pedido a los agentes que la protegen que elaboren informes diarios sobre sus movimientos y reuniones. Asimismo, solicitaron al Ministerio Público que desestime denuncias espurias en su contra.

Por si eso no bastara, la bancada del partido Valor, la nueva cara del riosmonttismo, impulsa la iniciativa de ley para otorgar amnistía a todos los procesados por crímenes de guerra, como los militares implicados en el caso Diario Militar. Lo paradójico es que el presidente de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, Álvaro Arzú Escobar, apoya esa iniciativa que busca dejar impune crímenes de lesa humanidad. Es previsible que la propuesta sea objeto de impugnaciones y el caso sea llevado a la CC. Si ese organismo es presidido por Molina Barreto, quien fue candidato vicepresidencial del partido Valor, junto a Zury Ríos, ya se sabe cuál será su fallo. De esta forma se observa cómo el Pacto de Corruptos quiere hacer retroceder a Guatemala al período del oscurantismo.