La revolución del 20 de octubre de 1944 significó un hecho fundamental en la vida política del país porque terminó con la dictadura de Ubico, que mantenía el país en el atraso y reprimía a sus opositores. Fue un movimiento esencialmente urbano y de clases medias, cuyo objetivo era la democratización y la modernización económica. Entre sus grandes logros se pueden apuntar la separación de poderes dentro del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la seguridad social y el reconocimiento de la mujer como ciudadana, entre otros. Sin embargo, la revolución no rompió las estructuras de opresión y subalternidad que afrontaban los pueblos indígenas. Nunca tuvo ese objetivo porque en esa época el indígena no era visto como un compañero de batallas, sino como un problema. Los revolucionarios que habían logrado la gran gesta de 1944 tenían grandes sueños de cambio, en los cuales no se incluía a los indígenas en igualdad de condiciones.

Apenas dos días después del triunfo revolucionario y cuando aún se celebraba en las calles esa gesta, ocurrió un hecho lamentable: Un grupo de kaqchikeles, cansado del maltrato, discriminación y despojo de sus tierras, se enfrentó con ladinos en Patzicía, Chimaltenango, hecho que dejó 16 muertos. En lugar de mediar para resolver el conflicto, la Junta Revolucionaria de Gobierno envió a tropas del Ejército a eliminar la supuesta sublevación de los “indios revoltosos”. El resultado de la incursión del Ejército revolucionario fue la masacre de más de 400 kaqchikeles, entre hombres, mujeres y niños. Esta matanza, que fue bien vista por los terratenientes, ha sido silenciada en la historia oficial de los revolucionarios, como si los muertos no importaran. Este hecho materializaba la cuestión acerca de qué hacer con el indio, sobre quien se erigía una construcción social de que es problemático, insolente, terco y un resabio del pasado.

Esta relación conflictiva es analizada por Édgar Esquit en su libro Comunidad y Estado durante la Revolución, en el que señala que el problema es que la gesta revolucionaria no rompió el poder de la oligarquía, la cual, en última instancia, definió los límites de la Revolución. Fue así como en 1945 se volvió a poner en vigencia la Ley contra la Vagancia y el Reglamento de Control de Jornaleros que mantenía el trabajo forzoso para los indígenas. Durante la Revolución persistieron las estructuras coloniales, en las cuales los mayas continuaban en situación de subalternidad, como sirvientes en las fincas. Para entonces, las mentes preclaras de la intelectualidad de izquierda discutían qué hacer con el problema indígena. Uno de los objetivos del Instituto Indigenista, constituido por el gobierno de Arévalo, en 1945, era la asimilación forzosa del indígena a la civilización occidental, por la vía de la “cultura ladina”.

Fue hasta en 1952, con el decreto 900, Ley de Reforma Agraria, cuando comenzó a cambiar la situación de los pueblos indígenas, pero no porque al gobierno revolucionario le interesara tal hecho. En realidad, el fin era modificar las estructuras feudales que prevalecían en el campo para desarrollar relaciones capitalistas de producción, por medio de hacer productivas las tierras ociosas en poder de latifundistas y de la United Fruit Company. Según Esquit, esta situación permitió que por primera vez comenzaran a coincidir los intereses de la Revolución con la de los pueblos indígenas, quienes reivindicaban las tierras que les habían sido despojadas en forma constante. Sin embargo, la oligarquía, en alianza con la CIA, fue la columna vertebral de la contrarrevolución en 1954. Con la derrota de la Revolución se volvieron a fortalecer las estructuras coloniales y el sojuzgamiento de los pueblos indígenas, que de nuevo afrontaron el despojo y las masacres que se extendieron en gran parte de la geografía nacional.