Riesgos y amenazas al Estado
Guatemala es afectada por la expansión de estructuras de corrupción.
La Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas (Anra) 2024 fue suscrita por el Consejo Nacional de Seguridad (CNS), integrado por el presidente y vicepresidente de la República, los ministros de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, por el procurador general de la Nación, por la secretaría ejecutiva de Conred y el secretario de inteligencia estratégica del Estado, exponiendo las amenazas, vulnerabilidades y riesgos a la seguridad del Estado, al bienestar de las personas, al desarrollo de la sociedad y a la estabilidad de las instituciones.
La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE), creada por la Ley del Organismo Ejecutivo (decreto 114-97) y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad (decreto 18-2008), trabaja junto a la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) y el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), dentro del Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), en la elaboración de escenarios y análisis de las amenazas y riesgos en los diferentes ámbitos de la seguridad de la Nación.
La Anra 2024 identifica amenazas como la extorsión, la violencia homicida, la narcoactividad, el lavado de dinero u otros activos y terrorismo, la integridad territorial y seguridad fronteriza, contrabando aduanero, seguridad ambiental, epidemias y pandemias, ciberamenazas y la captura institucional. Esta última se refiere a actores ilegales, crimen organizado y narcoactividad que influyen en las entidades del Estado para corromperlas y controlarlas, en alianza con actores legales, con poder sobre decisiones y acciones gubernamentales, incluyendo los tres poderes del Estado, Ministerio Público y demás entidades del sistema de justicia, así como entidades autónomas y descentralizadas.
Y se los volvieron a hacer a la semana siguiente. Francamente, dan pena ajena.
Según este informe, Guatemala ha estado afectada por la captura institucional y la cooptación del Estado, así como por la expansión de poderosas estructuras de corrupción conformadas por actores de diversos campos, que socavan la gobernabilidad democrática al permitir que grupos de interés, muchas veces de manera ilícita, influyan en los procesos de toma de decisiones públicas e infiltren agentes externos o internos en las instituciones estatales para alinearlas a sus intereses y favorecer la corrupción, erosionando la confianza ciudadana y la paz social.
Uno se pregunta si toda la prosa anterior no termina siendo algo vacío, cuando tanto diagnóstico, análisis teórico y discursos alambicados no se traducen en acciones prácticas y concretas que anticipen y enfrenten las situaciones de inseguridad y zozobra, que la ciudadanía exige y demanda que sean resueltas mediante la prevención y persecución de la violencia cotidiana, más allá de la recurrida excusa de que se trata de simples percepciones.
Y no digamos en temas más pedestres, por mencionar alguno, como las minúsculas protestas (más arregladas que la lucha libre) contra un inexistente “impuesto a las tortillas” de manifestantes acarreados en dos buses, expresamente llevados a bloquear el camino a quienes querían llegar a emitir su voto a la Torre de Colegios Profesionales, en la zona 15, violando la libre locomoción, precisamente del carril que permitía llegar a elegir a la junta directiva de uno de los colegios, que incidirán en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac y la elección de la Corte de Constitucionalidad. Y, según los medios, el grupo profesional adverso al Gobierno, pero aparentemente afín a sus adversarios, ganó la elección por apenas nueve votos. Y se los volvieron a hacer a la semana siguiente. Francamente, dan pena ajena.
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