Con el paso de los días se agudiza el declive de la justicia. Se premia a los jueces implicados en hechos ilícitos y se les deja en la impunidad, mientras que a los fiscales y jueces probos se les hostiliza y persigue. Con razón, en su informe sobre Guatemala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que había constatado la problemática de la impunidad por la falta de capacidad del Estado de proveer un sistema de administración de justicia adecuado y eficiente, así como una justicia independiente e imparcial. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) son una muestra palpable de esa realidad porque, en lugar de ser independientes, sus magistrados responden a los intereses de la alianza oficialista. Es la prueba más palpable de que el pacto del oprobio y la corrupción ha corroído todas las instituciones del Estado y procura la impunidad para sus miembros.

Casos como el de la magistrada separada Blanca Stalling confirman cómo la justicia está en sus peores momentos. El juez Víctor Cruz, también señalado de estar al servicio de la impunidad, le declaró el sobreseimiento a Stalling por los delitos de tráfico de influencias y resistencia con agravación específica. Para rematar esta desvergüenza, el fiscal Rafael Curruchiche dijo que no impugnará el fallo porque supuestamente encontró errores en el caso que había enderezado el fiscal Juan Francisco Sandoval. Claro, Curruchiche sí tiene tiempo para armar casos contra Sandoval y no para perseguir a los verdaderos criminales. Para rematar la desfachatez, Stalling ahora quiere volver a ser magistrada de la CSJ, cuando debió entregar su cargo en el 2019. Ya se imaginan qué nivel de justicia puede tener Guatemala si esta señora —sobre quien existen evidencias de que intentó presionar a un juez para que favoreciera a su hijo— vuelve a ser parte de la cúpula de justicia del país.

Mientras el manto de la impunidad cubre a quienes han servido al pacto de corruptos, todo lo contrario ocurre con los jueces probos. Por ejemplo, el juez Miguel Ángel Gálvez no recibe el mismo trato del Organismo Judicial. La CSJ, que debería proteger a quienes han dado muestras de una actitud recta y digna en la administración de justicia, se lanzó contra este juzgador al dar trámite a una solicitud de retiro de inmunidad. Tal resolución solo demuestra del lado de quiénes está la mayoría de magistrados de la CSJ porque atienden una denuncia espuria de un grupo ultraderechista que se ha dado a la tarea de perseguir a jueces y fiscales. Esta acción contra el juez Gálvez ocurre después de que este enviara a juicio a nueve exmilitares y expolicías por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió recientemente al Estado de Guatemala que proteja la vida del juez Gálvez porque ha sido objeto de amenazas, seguimientos y ahora acciones en su contra provenientes de la propia Corte Suprema.

Esta es la cruda realidad de un Organismo Judicial que no solo se empeña en fomentar la impunidad, sino que persigue a sus mejores jueces. Prueba de que no engañan a nadie es el hecho de que en el más reciente informe de la CIDH se plantee la preocupación que existe a nivel internacional por la intensificación de la criminalización y estigmatización contra magistrados, jueces y otros operadores de justicia. Es claro entonces que la dictadura de la corrupción está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de tener un país a merced de quienes saquean los recursos del Estado y quienes se regodean en la impunidad. Con total descaro han prolongado la estancia de los magistrados de la CSJ que debieron entregar sus cargos hace tres años, pero como sirven para los propósitos del reino de la impunidad los mantienen a costa de todo.