El aprovechamiento de los bienes del Estado para fines particulares es una práctica común en un Estado capturado por mafias y grupos de privilegio. Hay múltiples formas en que se da ese aprovechamiento abusivo, irregular —y frecuentemente ilícito también— de los bienes públicos. Por supuesto, no pasa sin el contubernio de funcionarios públicos que no tienen empacho en mercadear los bienes que son de todos como si fueran propios.

Frecuentemente, ante lo reiterado de una práctica inapropiada, en lugar de cuestionarla y detenerla, el sistema busca cómo “acomodar” la irregularidad. Para ello genera o “amolda” marcos normativos para “legalizar” o “regularizar” ciertos procederes que ya ocurrieron y que intenta corregir, pero sin llegar a prohibirlos o sancionarlos.

Ante el hecho de que el departamento de deportes de la Universidad de San Carlos de Guatemala alquiló parte de las instalaciones deportivas de Los Arcos, ubicadas en la exclusiva zona 14 de la Ciudad, a una empresa que desarrolla algunas de sus actividades lucrativas en ese recinto, me puse a investigar cuál podría ser la base legal para una acción administrativa de esta índole, realizada, además, por una dirección que difícilmente está facultada para disponer de los bienes públicos universitarios.

Encontré que, a principios de este siglo, se “diseñaron” un par de instrumentos legales que “regularizan” el arrendamiento de bienes públicos a terceros. Son tres acuerdos gubernativos: uno emitido en 2002 y dos acuerdos más, emitidos en 2013 y 2014. Débil marco legal, a mi juicio, considerando que son bienes públicos de alto valor pecuniario, y una total ironía cuando el Estado frecuentemente no puede ni satisfacer sus propias necesidades de infraestructura, y arrienda propiedades a terceros para su propio funcionamiento.

El acuerdo ministerial 71-2014, emitido por el Minfin, establece el procedimiento y requisitos que debe cumplir una entidad del Estado si quiere dar en arrendamiento una propiedad inmueble. Eso sí, si son propiedades de uso común, como serían unas instalaciones deportivas, no se pueden dar en alquiler. No lo digo yo, lo dice la guía de Minfin. Y aplica a las entidades autónomas también.

Seguro ese contrato se realizó antes de que asumiera el actual rector. Es una oportunidad para seguir “poniendo orden” en la Usac, como dijo su lema de campaña. Hay que pedir cuentas administrativas sobre ese contrato; ver si cumple los requisitos de ley, y debe proceder como corresponde, haciendo públicos los hechos a la comunidad sancarlista y ante los ciudadanos que financiamos la Usac con nuestros impuestos. El Estado no es una empresa privada, aunque algunos se empeñen en querer verlo y usarlo como tal. ¿Que le genera unos ingresos? Pues, ¡ojo!, que le pueden salir muy caros.

Es más, debe ir más allá: ¿Cuántas propiedades de la Usac estarán “arrendadas” y en condiciones lesivas para la universidad? Me dicen que hay gente que ha abusado por décadas de propiedades universitarias. También se necesita establecer una política clara para empresas privadas que se asientan en los recintos universitarios para prestar servicios y vender productos.

Necesitamos un rector que, con conocimiento de gestión pública, elimine prácticas poco transparentes y encauce la Usac por la senda de la probidad y la excelencia. Cierto que ahora genera ingresos adicionales con ese alquiler, pero si verdaderamente “pone orden” y destapa la caja oscura, seguro que liberará muchos más recursos de los que hoy en día percibe y podrá enfocarse en lo que verdaderamente importa: ¿cómo aprovechar más las instalaciones que incentiven el ejercicio y una vida sana en la comunidad universitaria?