Seguro obligatorio, ganancia de oportunistas
Como irresponsables son los propietarios, que no responden ante la gravedad de sus consecuencias.
Por acuerdo del Congreso de la República de 1996 y la exhortativa de la Corte de Constitucionalidad de 2024, el Organismo Ejecutivo publicó el reglamento sobre el seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes para todo vehículo autorizado para circular en la vía pública. Decisión aprovechada por los de siempre para tener su “ganancia de oportunistas” y de paso, desestabilizar al gobierno.
Decisión aprovechada por los de siempre para tener su “ganancia de oportunistas” y de paso, desestabilizar al gobierno.
Guatemala vive desde hace 70 años bajo el manto de la impunidad, inmunidad y corrupción. Eso creó la idea de que cada quién puede hacer lo que le parezca, desafiando a que la ley no se aplica, siguiendo el ejemplo de quienes gobiernan: desde la presidencia, hasta el último empleado público que ejerce el poder que la burocracia le concede. Lo vimos en 2015, cuando el presidente, la vicepresidente, funcionarios, empleados, allegados y empresarios fueron señalados de corrupción, desnudándoles ante la ley. El resultado fue la renuncia de la vicepresidente, seguida del presidente.
Tal estado de cosas tiene un hilo conductor movido por el grupo de explotadores del período colonial que declaró la independencia en 1821, con el objeto de no pagar impuestos a la Corona para que los beneficios de sus fuentes de producción fueran ganancia total, aprovechando la institucionalización de la encomienda. Élite que evolucionó a lo largo de la historia republicana y supo mantenerse cerca del poder, ser el poder mismo o colocar en él al títere dispuesto a acatar sus disposiciones a cambio de enriquecerse de las arcas públicas. Eso lo vivimos con la desvergüenza de las últimas administraciones. Su capacidad radica en el dinero con el que puede comprar de todo, incluso voluntades. En 2017, en reacción a las denuncias de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se aglutinó en el llamado Pacto de Corruptos, narcotraficantes incluidos, que alcanzó a dominar los tres poderes del Estado. Condición que varió en 2023, cuando el pueblo eligió al actual presidente, a quien mantiene amarrado de pies y manos.
Perder las elecciones es un trauma del que no se repone, por lo que no deja de sabotear toda acción del Ejecutivo. Para eso, tiene a disposición todos los recursos inimaginables, incluyendo partidos políticos que manipulan grupos de presión social; en este caso, empresarios de autobuses de trasporte público, responsables de accidentes fatales, pues carecen de responsabilidad civil, legal y humana. Sus vehículos son obsoletos, en mal estado y sin control sobre capacidad y velocidad. En muchos casos sus conductores son jóvenes inexpertos, a veces sin siquiera licencia para conducir y, por lo tanto, irresponsables que, ante un accidente, si quedan vivos, huyen de la escena cual ratas; como irresponsables son los propietarios, que no responden ante la gravedad de sus consecuencias.
El Pacto de Corruptos, amalgamado con los encomenderos contemporáneos acostumbrados al buen vivir a costa de la pobreza ajena, halló la ventaja de comprar politicastros y profesionales con título universitario que se ofrecen al mejor postor para ocupar cargos públicos, incluyendo el sistema de justicia, que impide que Guatemala salga del subdesarrollo.
Connotados profesionales y ciudadanos sin tacha han sugerido al presidente acciones básicas tendentes a ejercer la gobernanza del país. Acciones que requieren, con apego a la ley, de decisión, actuación y determinación, pese a las güizachescas ataduras que aparentemente la limitan, pero que una vez tomadas queda, en caso de reacción adversa, la consulta popular. Estimo que esta será de potente apoyo para reencauzar el país por la senda que el pueblo anhela y merece.
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