El domingo 12 de julio se presentó el semáforo COVID-19 para Guatemala, con los indicadores y metas a cumplir para pasar de un color a otro (rojo, naranja, amarillo y verde). Se mostró un primer mapa ya “semaforizado”, que segmenta el territorio en estos cuatro colores, conforme el estatus actual de algunos indicadores en cada municipio. Uno de ellos es el índice de positividad (casos/total de pruebas realizadas) y otro, la incidencia de casos (número de casos nuevos en un período de 14 días previos) por 100,000 habitantes. Hay otros más. No se dio detalle de cuáles medidas de restricción permanecerían y/o se eliminarían en cada segmento. Se supone que éstas se irían descontando -no dijeron como- conforme se avanza en el semáforo, rumbo al verde. El “premio” por alcanzar los indicadores será “reabrir la economía”.

Los semáforos son instrumentos muy útiles para monitoreo porque son simples y es amplio el espectro de usuarios que están familiarizados con el significado social de cada color. Sin embargo, son tan solo una herramienta; su uso no resuelve el problema de fondo que tenemos desde el inicio de la epidemia en el país en marzo pasado. Hoy, con más de 120 días de confinamiento parcial y errático, y aun en plena escalada, todavía no sabemos cuál es el plan. Ni el Ministerio de Salud o la COPRECOVID han dicho claramente cómo se va a cortar la cadena de transmisión del virus en cada segmento territorial del semáforo, y cómo se dará respuesta oportuna a la población ya enferma, reduciendo las muertes entre los afectados. Mientras no haya vacuna y/o tratamiento efectivo para la forma más grave de la enfermedad, estas dos son las únicas opciones que tenemos para aprender a “convivir con el COVID-19”.

En este contexto, para que el semáforo funcione de manera confiable deberían estar ya resueltos al menos 3 problemas que se han señalado reiteradamente: Un sistema de rastreo y seguimiento activo de casos y contagios en marcha a escala territorial; la masificación inteligente del testeo, que permita la detección oportuna de casos y contagios y el control de brotes; y un sistema de información epidemiológica confiable, transparente y accesible a toda la población. Sin definir claramente cómo se van a lograr estos tres elementos, y sin una clara política de transparencia y de “datos abiertos” por parte del MSPAS, se corre el riesgo de que cualquier tipo de dato alimente el semáforo y que los cambios de colores no necesariamente reflejen los hechos epidémicos reales que son los que determinarán, en última instancia, la sostenibilidad de la apertura económica.

Caso concreto es la semaforización territorial presentada el día domingo. A decir del presidente, hay como 200 municipios que muy pronto podrían abrir su economía porque están actualmente en “amarillo”. ¿Cómo no van a estar en ese color, si son municipios donde apenas se ha testeado y, por ende, donde se han identificado pocos casos? En sentido opuesto, para varios municipios del departamento de Guatemala, no se necesita del semáforo para saber que se debieron adoptar otro tipo de medidas hace ratos.

Los análisis que hemos hecho en LaboratorioDeDatosGt muestran cómo la información estadística actual puede “enrojecer” o “enverdecer” un municipio, dependiendo de los casos registrados y de las pruebas aplicadas en el lugar. Si estas debilidades no se solventan técnicamente antes, el semáforo no será confiable. Nos veremos más pronto que tarde ante un peor problema sanitario, pero también ético y político, considerando que hay una presión imperiosa por abrir la economía (o de lo que queda por abrir en realidad) aun y cuando la epidemia está fuera de control.