Una fila de vehículos militares, artillados, fueron desplegados por las calles de Guatemala. El fin notorio: amedrentar. Era el último de agosto en 2018, y horas después, en el Salón Banderas, un presidente civil haría lo —hasta entonces— impensable. Desplegó al alto mando del Ejército, uniformados de combate, al anunciar la no renovación de la Cicig. Esa era la decisión del país más crucial del momento. Pero la oposición se acalló mostrando fusiles. Ese espectáculo tiró por la borda más de 35 años de un esfuerzo nacional que vio luz en 1984, cuando sectores de avanzada castrense giraron hacia un modelo deseado: el de la paz; el de gobiernos civiles en búsqueda de consensos ciudadanos; el de decisiones democráticas, como sucede en el mundo moderno. Aquella de 2018 no fue, ni remotamente, la primera muestra autoritaria en la posguerra. Pero quizás sí un grotesco tiro de gracia. Un simbólico afianzamiento de la consigna bajo la cual ahora gobiernan: Sí. Hago lo que quiero. ¿Y?

Este sistema de facto trae un cambio de modelo con el que sectores beneficiados (o que por lo menos se creen beneficiados) se muestran cómodos. De una corrupta democracia se decayó a una flagrante y cínica autocracia. No se ignora la corrupción de gobiernos pasados. Pero como que aún había cierto temor a la forma democrática, que servía de contrapeso. El descaro de la arbitrariedad actual no tiene precedente en esta era. Hasta los más detestables políticos corruptos del pasado daban más la cara que los de ahora. En este nuevo paradigma, tomaron ilegal e ilegítimamente todos los órganos del Estado, particularmente la justicia. Con garantía de impunidad regresaron los agentes armados clandestinos, los vehículos intimidantes sin matrícula de identificación, las aprehensiones ilegales, la persecución y exilio de periodistas y operadores de justicia independientes. La muerte civil de quien se atreve a disidir.

El Gobierno y, en general, el régimen político partidario que administra el poder tienen amplia y justificada oposición. Pero esta pierde sus escasos espacios a pasos agigantados. La pirámide de justicia es abiertamente aliada al sistema. A ella no se puede acudir. Tampoco se puede acudir ya a la Corte de Constitucionalidad, en la que otrora vez se pudo confiar. Pronto, ya ni la Procuraduría de los Derechos Humanos será independiente al sistema. Y entes que postulaban jueces independientes (como la Universidad de San Carlos) son tomados en abierta presencia de agentes con pasamontañas y fusiles de asalto. (Sí. ¿Y?) Entonces, en esta aún república de papel, ¿qué recurso tiene el ciudadano para defenderse del poder “si acaso” este le abusara? El republicanismo (que inspira nuestra Constitución) consiste en que la cosa pública es administrada por poderes separados.

Como pasa cuando asedian las dictaduras, otro espacio amenazado en Guatemala es el del periodismo independiente. La táctica del terror busca acallar, a toda costa. De aquí salen asilados periodistas críticos. Y los que no se van tienen amenaza de que sus casas sean allanadas, de ser aprehendidos en procesos secretos. Sectores han sido complacientes con el deterioro de lo que una vez fue la ilusión de un país más moderno; más democrático. La concentración absoluta del poder en un régimen de extracción de la riqueza terminará repercutiendo negativamente en la vida de cada habitante. La más lúcida opción de los más lúcidos ciudadanos es irse a la jodida de este caos creciente. El sistema ya abandonó su esfuerzo de —por lo menos— mostrar una cara legal. El paradigma cambió y la sola opinión disidente ya no tiene mayor fuerza. El sistema fue tomado. Las ilegalidades se hacen a la luz del día y se toman por la fuerza. Envalentonados, hacen lo que quieren. Sí. ¿Y?
¿Cuál, entonces, es la ruta de una oposición efectiva?