La máxima expresión del autoritarismo es coartar o limitar la libertad de expresión. No solo de los medios de comunicación, sino de las redes sociales o de cualquier ciudadano que quiera manifestar su opinión. Cuando la prensa no es complaciente con estos politiqueros que pretenden ser estadistas y no se les dice lo que quieren escuchar, se tornan como fieras para atacar a quienes no están de acuerdo con sus acciones y se sacan defensas de la manga que rayan en lo ridículo, ilegal o lo cínico.

En este sentido, no hay que olvidar que la democracia de un país se mide en base a la libertad de expresión. Opinar libremente para denunciar delitos es necesario para generar cambios positivos en la sociedad. Por esta razón, el periodismo de calidad siempre es antagonista del gobierno de turno, sobre todo en Guatemala, donde los políticos son tan corruptos.

Aunque la prensa y los gobernantes han sido tradicionalmente enemigos naturales, esta disputa es un factor sano y un buen balance de poder, porque tanto las dictaduras de derecha como de izquierda han practicado tradicionalmente la censura a la prensa. Por esta razón, cualquier funcionario público con buenas intenciones tiene que entender que estará expuesto a la crítica y debe aceptarlo, no importa si es hombre o mujer.

Por lo cual es totalmente inaceptable utilizar la Ley de Femicidio para limitar investigaciones o críticas, porque el espíritu de esta ley es proteger a las mujeres víctimas de agresiones físicas, verbales, psicológicas o económicas, y no a una mujer que está incursionando en la política y se siente ofendida porque la critiquen. Con este tipo de actitudes solo se proyecta intolerancia y poco sentido común, muy diferente a la actitud que debería mostrar alguien que aspira a un cargo público.

Son muy claras las intenciones del gremio de funcionarios y candidatos de acallar a la prensa, porque tristemente al tener Guatemala un sistema de justicia muy frágil y donde reina la impunidad, entonces resulta que los medios adquieren un papel preponderante, porque investigan y denuncian los hechos ilícitos que comete la mayoría de quienes conforman este gremio, poniéndolos en evidencia, desnudando su turbio accionar, sacando los esqueletos del clóset, al punto de que las autoridades se ven “obligadas” a investigarlos, someterlos a juicio y encarcelarlos. Bueno, esto cuando aún teníamos un Ministerio Público que estaba trabajando bien; hoy ya es otra historia.

Es un hecho que el poder de la pluma y las redes sociales han sido capaces de derrocar gobiernos, poniendo a los corruptos y delincuentes tras las rejas, y eso justamente es lo que les molesta a quienes están en contra de que Guatemala cambie. Esta gente debe respetar el derecho a la libre expresión, contenido en el artículo 35 de la Constitución. De no ser así estaríamos dando un gran retroceso porque se cerrarían los espacios democráticos que ya habíamos ganado con tanto esfuerzo.

No hay que olvidar que después de esta clase de leyes mordaza vienen los asesinatos, torturas y desapariciones de quienes “se atreven” a expresar su opinión.

Admitir esta represión significaría volver a las épocas oscuras de terror en este país. La amenaza de “limitar la libre expresión del pensamiento” no solo violenta los derechos humanos garantizados en la Constitución, sino también implica arrebatarle al pueblo una de las pocas cosas buenas que se han logrado a lo largo de décadas de lucha. La presión popular por exigir transparencia en la gestión pública es una necesidad en un país como Guatemala, donde reinan la corrupción y el descaro de los funcionarios públicos.