Es notoria la existencia de un plan para acallar las voces críticas al poder. La criminalización y persecución contra varios periodistas del ahora desaparecido diario elPeriódico, entre ellos su presidente José Rubén Zamora, es la prueba más palpable. Se han retorcido leyes y se han fabricado casos con el objetivo de sentar un procedente contra esas voces disidentes. Sin embargo, debemos entender que esta acción dirigida contra periodistas puede ocurrirle a cualquier ciudadano, o sea es una estrategia para silenciar toda forma de crítica. Por ello, es un paso importante el que han dado seis organizaciones de prensa, entre ellas la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), de presentar una acción constitucional de amparo ante una sala de Apelaciones para detener ese plan tenebroso que busca mancillar el derecho a la libre emisión del pensamiento, protegido por la Constitución de la República.

Las entidades de prensa aseguran que “prevalece la amenaza cierta y el riesgo inminente de que el Ministerio Público (MP) se aleje de los principios de objetividad, transgreda su mandato legal de velar por el estricto cumplimiento de la ley y que se violenten los derechos de seguridad y certeza jurídica, así como la libertad de prensa”. Más claro no puede ser el planteamiento de estas organizaciones porque señalan directamente al MP, dirigido por Consuelo Porras, de vulnerar los derechos que garantiza la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento. Concretamente, el MP utilizó la Ley contra el crimen organizado para señalar la labor periodística de varios reporteros y columnistas de elPeriódico, cuando esa normativa no tienen nada que ver con la libertad de prensa, sino con actividades ilícitas de grupos de poder armado, mafias y funcionarios que abusan del poder. En otras palabras, el MP equiparó la labor periodística a actividades criminales.

Una muestra de esa arremetida es el proceso inventado contra José Rubén Zamora. El abogado de la defensa pública penal que lo defiende aseguró que no se pudo comprobar ninguna vinculación de Zamora con los delitos de lavado de dinero, chantaje y asociación ilícita, por los cuales el MP pide 40 años de cárcel. Ni siquiera a grandes criminales se les ha impuesto una pena tan dura. Por ejemplo, a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti les impusieron 16 años de cárcel por haber dirigido una estructura de corrupción que defraudó al Estado por más de Q27 millones. Es evidente que el MP no busca justicia sino venganza contra alguien que dirigió un medio de comunicación que desenmascaró la corrupción y la impunidad. Y lo hizo amparado en la Ley de Emisión del Pensamiento que indica: “no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales, en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.

Por eso es muy oportuna la solicitud de las seis organizaciones de prensa de que se declare con lugar la acción constitucional de amparo para garantizar los derechos fundamentales que se encuentran amenazados por el Ministerio Público y se le ordene a éste que se abstenga de ejercitar la acción penal y se agote el procedimiento establecido en la Ley de Emisión del Pensamiento. Una sociedad donde se persigue y criminaliza la labor periodística va directo hacia la represión, la censura y la dictadura. No debemos aceptar que desde las estructuras del Estado se empleen las leyes para imponer una mordaza a la prensa. En ese sentido, me uno a las entidades de prensa que exigen el cese del hostigamiento contra los periodistas y los medios de comunicación que, haciendo uso de su derecho a investigar y de informar, promueven la libertad de expresión en la sociedad. Sin periodismo crítico e independiente, no hay democracia.