Guatemala dejó de planificar, en el más amplio sentido del término, en el último tercio del siglo pasado. No porque se ignorara su importancia, sino porque esa figura técnico-legal impide a los políticos actuar discrecionalmente.

A La Antigua Guatemala, por ejemplo, se la proveyó de la Ley Protectora en 1969, el Consejo de Protección entró en vigor en 1972 y su Plan Regulador fue aprobado en 1974, hechos que permitieron inscribirla en la Lista de Patrimonio Mundial de Unesco en 1979, reforzando su vocación habitacional, cultural y turística. Aunque sus características se pierden aceleradamente, ha mantenido esa calidad, razón por la que las asociaciones Salvemos Antigua y Diego de Porres (vecinos y arquitectos, respectivamente), insisten en la necesidad de su planificación. Empresarios del sector productivo lo entendieron y en 2014 solicitaron apoyo al Ministerio de Economía, que en 2017 contrató a la empresa Idom para preparar un Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El resultado fue entregado a la Municipalidad en 2019 y fue ignorado. Al no ser de su parecer, los empresarios lo rechazaron.

Ante el hecho de no haber planificación, cada nuevo gobierno (estatal o municipal) empieza de cero; de ahí que el desarrollo sea una utopía. Guatemala está obligada, pero no cumple, con el compromiso internacional de mantener la privilegiada inscripción de La Antigua Guatemala en la lista de Patrimonio Mundial de Unesco. Ante eso, los vecinos, amantes de su ciudad, se han organizado para plantear proyectos en distintas áreas que pueden ser integrados a planes de desarrollo para cada sector.

Así, en 2001, crearon la Asociación Cerro de la Cruz con el objeto de evitar la fragmentación de ese territorio al norte de la ciudad, que los alcaldes usan para obtener votos, regalando parcelas en lo que desde siempre ha sido un parque municipal con privilegiadas vistas del valle y la ciudad, definidas por las montañas circundantes y los volcanes Agua, Fuego y Acatenango que en 1532, el emperador Carlos V incluyó en el escudo de la ciudad.

La Asociación contó con una junta directiva mixta (vecinos y Municipalidad). Llegó a integrar sus tres fincas en una sola entidad inmobiliaria, que suma cerca de 85 manzanas de vocación forestal y recreativa, parte del cinturón verde de la ciudad. Se hizo levantamiento topográfico, se dibujaron planos y el Instituto de Turismo financió una batería de servicios sanitarios al ingreso de la plaza Santiago Apóstol y mirador.

En diciembre 2019, el Concejo declaró el Cerro de La Cruz como área protegida, declaratoria que implica protección ambiental y zona de recarga hídrica, incluida en el POT 2019, por lo que cualquier iniciativa de reactivación económica debe ser parte de ese plan.

Ante esa nueva categoría, es fundamental regular la construcción dentro del área, pues su desarrollo edilicio, fuera de control, incluye tala de árboles para gozar de las vistas del valle, desvirtuando los enunciados de la ley protectora relativos a que las montañas que lo definen deben ser protegidas.

Los problemas prioritarios a resolver son movilidad, accesibilidad y estacionamientos; disposición de desechos sólidos y drenajes, con el fin de generar el deseado espacio público, cultural y educativo dentro del área verde; acciones que provoquen una vida saludable, garantizando servicios ambientales como agua, aire puro y gestión de riesgo para la población.

Para alcanzar ese fin es necesario inscribir la propiedad ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como Parque Regional Municipal, y preparar un plan maestro que defina usos y proyectos aptos para esas inestimables 85 manzanas.