Mientras la corrupción y el despilfarro de recursos por parte de la cleptocracia va viento en popa, el Estado tiene una pésima inversión social. Eso significa menor atención a los problemas que afronta la población de escasos recursos y conduce al crecimiento del abismo entre quienes tienen todo y quienes no tienen nada. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dio a conocer que Guatemala en lugar de mejorar en el ranking del Índice de Desarrollo Humano, ha tendido a bajar. Si en el 2019 se ubicaba en la posición 126, este año bajó un puesto, lo cual implica que ha habido un retroceso en materia de calidad de vida. Guatemala pasa a engrosar la lista de los cinco países con el peor desarrollo humano del continente, a la parte de sus compañeros de viaje centroamericanos como El Salvador, Nicaragua y Honduras, así como Haití. Esta es indudablemente la herencia que nos dejó el fracaso de gestión de Jimmy Morales.

Al principio de su gobierno, el presidente Alejandro Giammattei prometía un cambio de rumbo para dejar atrás el desastre causado por Morales. El nuevo mandatario alardeaba con un programa que impulsaría el combate de la desnutrición infantil, a la parte de una lucha frontal contra la corrupción. Pero lejos de cumplir su promesa, este gobierno está a la deriva y su alianza con los sectores políticos más corruptos no da mayor esperanza de que pueda lograrse un cambio. La inversión social es vital para que el Estado pueda proporcionar servicios de calidad en materia de salud, educación e infraestructura. La desigualdad se manifiesta principalmente en las regiones donde se ubican los pueblos mayas, donde hay menos cobertura en salud y acceso a la educación. Pero lejos de promover una mayor presencia del Estado en estas áreas, el gobierno de Giammattei da muestras de que carece de una política de inversión social.

Tomemos como ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), cuyo propósito, en teoría, es el impulso de políticas en materia de desarrollo social para reducir la situación de pobreza y pobreza extrema. Pomposamente se dice que esta cartera se encarga del diseño, formulación, dirección y ejecución de programas sociales. En la práctica se ha destinado al saqueo de recursos del Estado. Recientemente fue noticia por el escándalo de la compra irregular de galletas por Q14.6 millones, que olía a corrupción. Pues bien, no salió ese negocio oscuro, pero el Mides se inventó otro igual. A través del Fondo de Desarrollo Social se aprovechó del Estado de Calamidad Pública para adquirir productos sobrevalorados. Nada menos que pagó Q11.9 millones por abarrotes al propietario del restaurante El Portal Steak House La 15. Imagínense, estimados lectores, le compró arroz, avena, pastas y sal a un restaurante de ese tipo, en lugar de hacerlo con mayoristas de abarrotes. Ese hecho no tiene otra explicación más que hacer piñata el dinero procedente de nuestros impuestos.

Tampoco le preocupa mucho al gobierno que los alimentos donados no lleguen a las personas damnificadas por las tormentas tropicales Eta e Iota. Un cargamento de 30 toneladas de alimentos procedente de El Salvador no pudo ingresar a Guatemala porque en la frontera le querían cobrar US$15 mil (unos Q117 mil) de impuestos. A cuenta de qué si era una donación. Los alimentos habían sido recolectados por religiosos en Estados Unidos y El Salvador, y hasta el momento no ha habido una explicación oficial, ni un ofrecimiento de quitar los impuestos para que ingrese esa ayuda. Mientras, los damnificados siguen a la espera de una asistencia gubernamental que no llega. Tanto la pandemia como los fenómenos naturales que se han ensañado contra la población de escasos recursos determinará un mayor nivel de deterioro de la calidad de vida en el país. ¿Y el gobierno?, bien gracias.