En días recientes hubo hechos que ameritan una desapasionada reflexión sobre la independencia de los jueces. Me refiero a la atinada decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo que hizo valer el principio fundamental de la irretroactividad en la aplicación de las leyes y la elección de los representantes de la Corte Suprema de Justicia en la Corte de Constitucionalidad.

Es de sentido común, y así lo he visto expresado por personajes de diferente tendencia ideológica, defender que a nadie se le acuse por una acción que en ese momento no se le consideraba delito. Hacerlo es, sencillamente, torcer la aplicación de la ley. Es, como leí por allí, pretender multar a quien cruzó una intersección con el semáforo en rojo, con el “pequeño” detalle de que entonces no existía tal semáforo.

Por supuesto que en estas cosas jurídicas hay otros principios que todos debemos defender. Por ejemplo, el derecho a una justa defensa y al debido proceso, aspecto último que abarca la idoneidad de los fiscales, jueces y magistrados. Y en este punto aterrizo. Creo que hemos avanzado mucho en la batalla de la independencia judicial y que los operadores de justicia deben ser los primeros en reivindicar ese valor fundamental en un Estado democrático de derecho. Esto implica, en primer lugar, que ningún juez debería aceptar un caso diferente a su actividad jurisdiccional. Hacerlo significa ya un indicio de mácula. Mucho se ha escrito acerca de que solo los jueces imparciales están legitimados para impartir justicia, pero esa independencia es con respecto a todos. No se vale exigir severidad para supuestos adversarios y subordinación para los allegados.

Respetar la independencia judicial exige de todos aceptar sin fracturas la preeminencia del derecho. Exige que nadie —incluso fiscal, juez o magistrado— está exento del control jurisdiccional cuando incurre en conductas lesivas del orden constitucional. Esto es, precisamente, una conquista del estado de Derecho contra las inmunidades del poder. También es muy importante comprender que cuestionar la independencia o la incompetencia de un juzgado, tribunal o corte es una manifestación legítima. Es razonable, además, plantear cualquier sospecha de influencia impropia, interna o externa, de los fiscales del Ministerio Público. Y el ejercicio de este derecho básico no autoriza deslegitimar a los usuarios del sistema judicial.

Tampoco obviemos la autocrítica de los fiscales y jueces, quienes deben reflexionar sobre el modo en que ejercen su función. Concuerdo en la urgencia de una profunda reforma del modelo judicial, en que existe un deterioro de la confianza de la ciudadanía en la administración de la Justicia y en que los responsables están en todas las instituciones del sistema.

Coincido con quienes piensan que ya es ineludible la reforma porque la justicia es una piedra angular del Estado. Por esa debilidad institucional es que los diputados del Organismo Legislativo hacen lo que quieren respecto de la elección de la cortes. No es un tema nuevo que a la justicia no se le haya querido dotar de la independencia, recursos y medios indispensables para su eficaz funcionamiento. Pero eso no significa que hoy nos quedamos de brazos cruzados. La sociedad demanda una justicia que responda al interés general y al bien común. Solicita seguridad jurídica y que los fiscales y jueces sean guardianes de las libertades democráticas. La sociedad no soporta la incapacidad, la parcialidad y la tardanza. Fortalecer la gobernanza de la administración de la Justicia significa revalorizar la ética en todas las instituciones responsables, sin excepción, y que los guatemaltecos hagamos uso del derecho de reclamar que ese servicio público sea eficiente y transparente.