Estados Unidos
Conciencia
Sociedades que prosperan premian el mérito
El acceso, la permanencia y las decisiones en el Estado deben basarse en criterios técnicos y resultados verificables.
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En los países que funcionan bien, el mérito ordena el servicio público. Cuando este es la regla, los mejores profesionales llegan, se mantienen y las instituciones avanzan. Las oportunidades dejan de depender de relaciones personales y pasan a basarse en competencias, desempeño y resultados verificables.
Esto exige reclutamiento por oposición, evaluaciones periódicas y reglas claras de permanencia. Son sistemas que seleccionan a los mejores y corrigen o separan a quienes no cumplen. Avanzar hacia mecanismos más objetivos es clave. Exámenes, puntuaciones técnicas y antecedentes verificables reducen la discrecionalidad. No eliminan el juicio humano, pero lo limitan y lo hacen transparente. Mientras más claras sean las reglas, menor espacio hay para decisiones arbitrarias.
Por ejemplo, al estudiar países asiáticos como República de Taiwán, Corea del Sur y Japón, el mérito es parte central del Estado. El ingreso al servicio público es competitivo y, en el caso de Taiwán, existen instituciones como el Yuan de control y el Yuan de Examen que supervisan y evalúan a los funcionarios. El resultado es un aparato público más técnico, estable y con mayor capacidad de ejecución, donde las decisiones no dependen de coyunturas políticas.
En Guatemala ocurre lo contrario. Aunque existe una Ley de Servicio Civil, es fragmentada y convive con múltiples regímenes paralelos: magisterio, Policía Nacional Civil, Ejército, municipalidades e instituciones autónomas. Adicionalmente, el Organismo Judicial y el Congreso tienen su propio sistema. Cada uno con reglas distintas y, muchas veces, alejadas de criterios técnicos.
A esto se suma el referido o amiguismo, que sigue siendo una puerta de entrada al Gobierno. El efecto es claro: no siempre llegan los mejores, ni permanecen quienes sí tienen capacidad. Incluso los pactos colectivos sustituyen el mérito y distorsionan el sistema: se premia la antigüedad, se generalizan beneficios sin relación con el desempeño y se pierde calidad en la gestión pública.
Sin mérito ni oposición, el Estado se debilita y pierde capacidad de servir.
Esto se vuelve evidente al ver decisiones recientes en el país. Se evidenció en la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad y también en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), y seguirá siendo relevante en las próximas designaciones.
La pasada reelección del rector de la Usac dejó muchas dudas e inquietudes. No es un tema menor. La universidad, por mandato constitucional en el artículo 84, recibe no menos del 5% del Presupuesto Ordinario de Ingresos del Estado. Ese nivel de recursos exige resultados.
La Usac debería ser un referente de mérito académico. Sin embargo, la experiencia muestra otra realidad. Hace varios años tuve la oportunidad de dar clases allí y fue evidente cómo la política se mezcla con lo académico y lo administrativo. La autonomía no puede ser excusa para la opacidad, la corrupción y ni para alejarse del Estado de derecho.
Es momento de exigir resultados a la Usac. Cuántos se gradúan, cuánto cuesta formar a cada estudiante y qué calidad tiene esa formación. También cómo se selecciona y evalúa a los docentes, y cómo se eligen sus autoridades. La autonomía no excluye rendir cuentas. También obliga a transparentar los criterios de contratación, promoción, sanción y permanencia dentro de la universidad. Y, además, a revisar los órganos electorales, los mecanismos de representación, el sistema de votación, y la posibilidad de arreglos internos que terminan alejando a la universidad de su misión principal.
Recuperar el mérito en el Estado no es sencillo, pero es indispensable. Implica reglas claras, cumplimiento y continuidad sostenida. Exige una reforma al servicio civil que contenga un número de principios que unifique criterios, fortalezca la oposición y limite la discrecionalidad.
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