Cuando cursábamos los primeros semestres de la carrera de abogacía en la Landívar, recuerdo que había términos cuya abstracción retaba la fácil digestión de los jóvenes estudiantes, que recién empezábamos a estudiar lo público. “Soberanía” fue uno de esos conceptos que hubo que repasar más para entender mejor el Estado y sus instituciones: para qué sirve, y porqué resulta conveniente la renuncia a ciertas libertades individuales en beneficio de un bien que se cree mayor, colectivo y común. Hoy en día, a conveniencia de truhanes acaparadores del dinero y el poder, el término se ha prostituido; y en el contexto de un esfuerzo internacional por atacar redes criminales dentro de nuestro territorio, ha sido sobreutilizado en su expresión de independencia sobre otros actores de derecho internacional, como países u organismos multilaterales. Pero relegado ha quedado el trascendental y profundo significado de tan alto concepto –la soberanía-, que en la modernidad es producto de la teorización de los más altos pensadores de teoría estatal que dio el mundo, y que explica qué o quién en un Estado ostenta el máximo poder, la última autoridad; a quién han de obedecer y responder los gobiernos.

De la era de la Ilustración, surgieron dos teorías principales: la de Sieyes, que otorga la soberanía a la Nación, dando importancia a los valores, principios e historia que la conforman; y en contraposición, la teoría de Rousseau, que ha prevalecido en el republicanismo actual, y que da a la colectividad popular posesión de esa máxima autoridad. El Estado guatemalteco se adhiere de manera formal a esta última corriente, y de manera muy puntual, nuestra Constitución dice textualmente en su articulado que “la soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Pero más allá de lo puntual, tiene sentido el sistema, pues el pueblo delega su poder en una autoridad que lo representa y le obedece; es decir, que atiende sus necesidades e intereses.

¿En quién radica realmente el poder del Estado de Guatemala? Supongo que es permitido decir libremente que no es en el pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que se vio al presidente del Legislativo o del Ejecutivo dialogando, o tan siquiera recibiendo la visita de algún sector popular, de algún grupo civil o de algún académico? Más allá de la formalidad de la ley, es dramáticamente evidente que en Guatemala el poder no radica en el pueblo; y que más bien, este ostenta muy poco de él, si es que acaso ostenta algo. El poder evidentemente está en algo o en alguien distinto. Más allá de las acciones y las decisiones que toman quienes ejercen el poder de Estado, la falta de interés en el pueblo se hace fácil de notar en las omisiones de atención, con el cierre de espacios, e incluso con el ataque a sectores interesados en construir instituciones que velen por el bien común.

Las revelaciones recientes acerca de las actividades de candidatos a la presidencia en las semanas previas a la elección general, son un claro indicio de quién ejerce realmente la soberanía nacional. Cuando vemos a quiénes se avocan estos candidatos en la época electoral, entendemos a quiénes habrán de responder en caso de que ganen las elecciones. Y el silencio de la colectividad de organizaciones de poder, y su reciente papel en el desmantelamiento de un orden que combatiera grupos ilegales paralelos al Estado, hacen suponer que ellos son cómplices o actores de esa actividad ilegal. Lo que el pueblo diga al respecto, es solo parte del paisaje. Al fin, nosotros, al parecer, somos solo espectadores.