Miramundo

Tarjeta roja en educación

Alejandro Balsells Conde @Alex_balsells

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La educación es un derecho humano. El Estado debe proporcionar y facilitar la educación de sus habitantes sin discriminación. Desde el 14 de enero de 1986 —fecha en la cual nuestra Constitución entró en vigencia— se declaró la necesidad y utilidad pública de la fundación y mantenimiento de centros educativos, culturales y museos. Según nuestro marco jurídico, la educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. También se declaró de interés nacional la educación, instrucción, formación social y la enseñanza sistemática de nuestra Constitución, así como de los derechos humanos. Trascendió la semana pasada que el sitio World Population Review (WPR), de acuerdo con el medio Soy502, ubicó a nuestro país en la posición 196 de 199 países evaluados respecto de su Coeficiente Intelectual en el mundo, y así nos ubicamos en el último país de este hemisferio.

Los resultados respecto del Coeficiente Intelectual giran en función de la calidad del sistema educativo en su conjunto. En los primeros lugares están Japón, Taiwán, Singapur, Hong Kong, China, ubicándose a Estados Unidos como el país con mayor “índice de capital de inteligencia más alto”, y China descollando con los estudiantes más inteligentes conforme pruebas de lectura, matemática y ciencias. Estos datos tuvieron el efecto de un edicto y no causó sorpresa, ni siquiera entre las autoridades del Ministerio de Educación, mucho menos en los sindicatos magisteriales y esto es patético, porque es cuando el sistema público brindó clases por WhatsApp porque jamás pudieron utilizar, ni para estudiantes de zonas urbanas, plataformas gratuitas de acceso a mejores prácticas docentes. Mientras en El Salvador se regalaron computadoras para garantizar acceso universal a niños y adolescentes y así pudieran acceder a clases, y en México se instituyeron clases por televisión, acá cada padre vio cómo adquiría un poco de tiempo de aire para que sus hijos tuvieran la medio oportunidad de rendir algún resultado y medio conocer a su maestro, refiriéndome al ámbito urbano, conociendo de antemano que en lo rural la situación solo registró mayor descuido.

Nuestro sistema educativo está obsoleto y deficiente, perdemos en matemática y en lectura, el desconocimiento en historia es enorme y muchachos de colegios públicos y privados desconocen lo mínimo de nuestras raíces y así crear una ciudadanía responsable y crítica es solo una ilusión. Ubicarnos dentro de los países más atrasados en cuanto a nuestro Coeficiente Intelectual debe mover los cimientos de todos con el objeto de emprender la reforma educativa. El proceso en declive no se detiene y frenarlo será misión de varios gobiernos, debiéndose convertir este aspecto en prioridad de las agendas políticas.

Hoy, 1 de diciembre, se cumplen 77 años de la Autonomía de la Universidad de San Carlos, pero también esta institución, con mandato constitucional para dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado, así como difundir la cultura en todas sus manifestaciones y promover la investigación en todas las esferas del saber humano, se encuentra en una crisis bárbara sin ver alguna luz en su largo túnel. La cantaleta de la reforma universitaria se escucha desde hace lustros y no han propuesto, en concreto, una coma para hacer frente a sus responsabilidades y así liderar a las universidades privadas a un necesario renacimiento. El punto es claro, tenemos uno de los peores sistemas educativos en el mundo, mostrándose una brecha enorme entre colegios cuya preparación es de primer mundo y la precariedad generalizada. ¿Haremos algo para cambiar esta situación o seguiremos contemplado el desastre? O quizás la pregunta es: ¿a quién le sirve que esto no cambie? quién le sirve que esto no cambie?