La existencia de una estructura de espionaje que operaba en la empresa Tigo, supuestamente dirigida por Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, es un hecho criminal sobre el que debe caer todo el peso de la justicia.

Según la denuncia de la Cicig, se habría utilizado la infraestructura de telefonía para hacer escuchas ilegales a dirigentes políticos y personas particulares. No es la primera vez que este funcionario se ve involucrado en acciones ilegales. En mayo pasado se conoció cómo por su intermedio esa misma compañía pagó a diputados para que aprobaran una ley hecha a la medida de sus intereses económicos. El mismo surgimiento de Comcel —como antiguamente se llamaba Tigo— ocurrió en un ambiente oscuro porque el monopolio de la telefonía celular le fue concedido cuando Mario López era ministro de Comunicaciones, durante el gobierno de Vinicio Cerezo. Y sorpresa: ese ministro se convirtió luego en el accionista mayoritario de la empresa.

En un allanamiento efectuado en la residencia de Valladares Urruela, en el 2017, el Ministerio Público (MP) y la Cicig encontraron indicios de intervención de teléfonos celulares sin orden judicial. Valladares Urruela, en ese entonces gerente general de Tigo, recibía los reportes de ese espionaje por parte del personal técnico de la empresa. Existen evidencias sobre las transcripciones de conversaciones en WhatsApp, listados de abonados telefónicos y flujogramas de telefonemas. Se sabe que también fueron sujetos de espionaje personas que criticaban en redes sociales a Acisclo Valladares Molina, embajador en Gran Bretaña, y padre de Valladares Urruela. ¿Cómo es posible que una empresa se convierta en un centro de espionaje y que sus clientes sean víctimas de acciones criminales? ¿Qué otros clientes estarían sujetos a ese control ilegal? Eso le corresponde dilucidar al MP.

Antes de esta denuncia, Valladares Urruela ya tenía una cita pendiente con la justicia. En mayo pasado fue presentado el caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, en el que se señaló el contubernio entre Roxana Baldetti y Tigo para comprar votos de diputados con el fin de aprobar leyes acordes a los intereses de esa empresa. Las pesquisas de la Cicig y el MP revelaron que ya no se trataba solo de la corrupción del Partido Patriota, sino que se extendía a diputados de la mayoría de partidos. A tal nivel llegaba el poder de esa empresa que Valladares Urruela le somataba la mesa a Baldetti cuando algo no le parecía. Una de esas leyes fue la de Control de Telecomunicaciones Móviles en Cárceles, publicitada como beneficiosa para combatir las extorsiones. Sin embargo, era una farsa porque esa normativa le permitió a Tigo ampliar su infraestructura, colocar antenas, postes, fibra óptica y cables en propiedades privadas y públicas.

La corrupción que generaba Tigo ya era un escándalo internacional. En octubre del 2015, Millicom, transnacional que opera bajo la marca Tigo, denunció a sus socios guatemaltecos, léase Mario López, por “posibles pagos indebidos” para aprobar leyes o concesión de bandas de telefonía celular. Las relaciones de López con la partidocracia nacional han sido siempre muy cercanas. Lo fueron con Otto Pérez Molina como lo son con Jimmy Morales, con quien se tomó la molestia de ir a inaugurar una escuela en Retalhuleu. Ese derecho de picaporte también puede saltar las barreras de lo legal, como lo demuestran los casos señalados. Es también vergonzoso que el presidente Morales mantenga en su puesto a alguien como Valladares Urruela y que de esa manera pueda eludir las investigaciones penales. Eso se llama complicidad. Ahora corresponde a la fiscal general, Consuelo Porras, demostrar que está interesada en la lucha contra la impunidad, porque en su mesa está la investigación que le dejó la Cicig sobre el espionaje ilegal montado desde Tigo.