El doctor Román Carlos es un hombre que dedicó su vida y su patrimonio personal a atender a personas gravemente enfermas, sin distinguir clase, pedigrí y mucho menos su capacidad de pago. Un hombre cuyo talento y conocimiento lo ha colocado en la cúspide de su especialidad y lo ha consagrado a nivel mundial como uno de los mejores científicos y practicantes de la patología oral y de cabeza y cuello. Con sus aportes al conocimiento ha colocado a Guatemala en un sitial de honor. Pudiendo optar por una vida de éxito profesional y financiero en el extranjero, decidió volver a su país, ser docente universitario, trabajar en hospitales públicos, y atender desde su práctica privada a toda persona que lo necesita, haciendo del juramento hipocrático y del código deontológico su modo de vida. Quienes lo conocen no podrán negar que tanto personas “de alcurnia” de esta sociedad como gente muy humilde, colegas y familiares de profesionales han sido atendidos por el doctor Carlos sin pensar en nada más que en el mejor interés del paciente. Muy frecuentemente a su propia costa.

El contraste de su conducta profesional frente a la tendencia contemporánea en el ejercicio de las profesiones de la salud, que cada vez más privilegia la mercantilización y la rentabilidad de la práctica, es chocante para algunos. Su ímpetu y convicción absoluta de que todo ser humano tiene derecho a la salud y a recibir atención médica de calidad lo ha llevado a involucrarse en desafíos que exceden lo que podría entenderse como una práctica profesional comprometida. Tal fue el caso, por ejemplo, de la lucha que él y otros profesionales llevaran a cabo en los años 2000 para que se aprobara la ley antitabaco en Guatemala.

Esa determinación por que existiera regulación que detuviera el tremendo daño que hacen los cigarrillos a la salud lo llevó a enfrentarse con esa poderosa industria y con sus lobistas locales. Poco se sabe sobre los riesgos que enfrentó por haber defendido el derecho de todos nosotros a una mejor salud y a ambientes libres de tabaco.

Ahora, hizo uso de su voz pública nuevamente para denunciar el alto costo de los medicamentos en el país. Por esta razón enfrenta ahora cuatro demandas legales. Román Carlos puso el dedo en la llaga de uno de los problemas más graves que tenemos. La falta de acceso económico a los medicamentos es como la falta de acceso a los alimentos: nos lleva a la enfermedad, la discapacidad y la muerte. Por denunciar esto, ahora lo quieren destruir.

Las autoridades nacionales siguen en total silencio. Ni una palabra, ni un gesto, ni un pronunciamiento, mucho menos emprender acciones concretas que nos protejan frente a la voracidad de un mercado y de empresarios que lucran sin límite con nuestra posibilidad de vida. El colegio de profesionales de las Ciencias Químicas y Farmacéuticas, así como otras instancias, se han pronunciado para que se impulse un diálogo y políticas públicas que aborden este problema, como ya se ha hecho en otros países.

¿Acaso es mucho pedir que el Estado asuma la obligación que tiene de velar por la salud y el bienestar de la población, y que no deje semejante carga sobre la espalda de una sola persona que ahora es acosada legalmente por haber alzado la voz? ¿Qué hará el sistema de justicia?, ¿le hará justicia al doctor Román Carlos o lo dejarán a merced de sus victimarios?

Al final, todos seremos víctimas de esta vendetta visceral. Un mercado sin contrapesos ni regulaciones es otra forma de dictadura. Piense en eso cuando reciba la cuenta de sus medicamentos en la farmacia; cuando no le alcance y deba elegir entre su medicina o que haya pan en la mesa para que coman sus hijos.