El trabajo infantil en el área rural es una realidad lacerante que existe en Guatemala, al igual que las promesas de varios gobernantes de buscar su erradicación, pero sin resultados tangibles. Debido a los bajos salarios, los niños ayudan al sostenimiento del hogar, cuando lo que les debería corresponder es jugar y asistir regularmente a la escuela. Ahora sale a flote el problema por la emisión de un documental británico, en el que se informa que tras el delicioso aroma y sabor del café guatemalteco está la presencia de menores de 12 años que participan en las largas jornadas de cosecha de más de ocho horas diarias, con pagos miserables. Ese hecho se multiplica en otras áreas productivas, tanto en el campo como en la capital, en las que los niños son el eslabón más débil de la explotación laboral.

Este llamado de atención internacional ha causado molestia en el presidente Alejandro Giammattei y el sector empresarial, que lo ven como una supuesta campaña de desprestigio que afectaría la sacrosanta producción del café nacional. ¿Para ellos sería mejor mantener oculta la existencia de niños que trabajan en la cosecha de ese grano y en otras áreas agrícolas? Sin embargo, cuando se trata de favorecer a los productores no hay límites. Por ejemplo, en abril del año pasado, el Congreso aprobó, con presión de los cafetaleros, la Ley para la reactivación económica del café, en la que el fideicomiso por Q805 millones tendrá vigencia hasta el 2051, se reestructuró la deuda adquirida por los cafetaleros, se adecuaron las tasas de interés y se definió la devolución del cien por ciento del crédito fiscal, todo favorable a los grandes productores. Eso es positivo para apoyar a uno de los sectores vitales para la economía nacional, el problema es que ese derrame de beneficios no llega a los pequeños productores, mucho menos a los trabajadores.

El viernes pasado, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) presentó su informe sobre la situación en Guatemala, en el que señala que en el país hay un millón de jornaleros o peones, en su mayoría indígenas, cuyo ingreso mensual promedio es de 1,155 quetzales mensuales, equivalente a apenas el 38.6% del salario mínimo. Esos salarios miserables son los que llevan al trabajo infantil. El Alto Comisionado documentó casos relacionados con trata de personas, trabajo infantil y trabajo forzoso en plantaciones de palma aceitera en los departamentos del norte, plantaciones de café en San Marcos y plantaciones de caña de azúcar en Retalhuleu. El Acnudh indicó que varias empresas agrícolas recurren a reclutadores para evitar la relación empleador-empleado y el pago del salario mínimo, prestaciones laborales y compensación. Estos hechos confirman cómo en este país el Estado, las leyes y las autoridades están en función de favorecer a los grandes empresarios, aunque se tenga que pasar sobre la población más vulnerable.

Veamos otro ejemplo: El presidente Giammattei, en lugar de designar una comisión independiente para investigar la situación del trabajo infantil en las plantaciones de café, nombró a Ricardo Arenas Menes, expresidente de Anacafé, como comisionado presidencial para comprobar si existen abusos de trabajo infantil en las plantaciones de café, y a José Santiago Molina, expresidente de la Cámara del Agro, como comisionado internacional. ¿Será que se podrá confiar en que sus investigaciones resolverán este agudo problema que afecta a la infancia y no solo favorecerán los intereses de los cafetaleros? Ojalá no vaya a ser algo así como taparle el ojo al macho. Todo esto sucede en un año clave: Guatemala se comprometió a nivel internacional a erradicar en el 2020 el trabajo infantil en todas sus formas. Claro, el futuro del país no pasa por los niños que padecen desnutrición y trabajan de sol a sol en las plantaciones.