¿Cuánto de los préstamos millonarios que hizo el Gobierno para mitigar los efectos de la pandemia se está gastando y en qué? Se crearon diez programas gubernamentales para llegar a la población más vulnerable ante la crisis, pero ¿cómo se están ejecutando y cuáles han sido los criterios para que lleguen adonde tienen que llegar? ¿Cómo hace la ciudadanía para acceder a una información transparente, completa y en tiempo real sobre la ejecución de esos fondos? Tenemos derecho a saber en dónde está y estará el dinero que pagaremos por las siguientes tres generaciones. Siete organizaciones y plataformas de sociedad civil (Paraíso Desigual, Icefi, Acción Ciudadana, Alianza por las Reformas, Diálogos, Pacto Ciudadano y Red Ciudadana) han conformado una plataforma de auditoría social para instaurar un mecanismo de control y fiscalización que permita mayor transparencia en la calidad y ejecución del gasto destinado a la emergencia, que mantenga informada a la ciudadanía y dialogue con la plataforma que el Gobierno instaló para verificar dicho gasto. En una Guatemala secuestrada por la corrupción, estos mecanismos de transparencia son indispensables. Hay que auditar, monitorear y pedir información a las instituciones encargadas de ejecutar los 10 programas gubernamentales creados para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Hay que generar una crítica constructiva y plantear propuestas viables para mejorar la efectividad, calidad y ejecución de los programas que funcionan a la sombra de los multimillonarios préstamos aprobados al inicio de la crisis.

Ricardo Barrientos (Icefi), parte de los 11 decretos que el Congreso aprobó este año. Siete contienen préstamos externos; uno, medidas (que fue el que intentó vetar el presidente); y tres más, ampliaciones presupuestarias que suman más de Q19,806 millones. Según Barrientos, nunca se había dado una ampliación presupuestaria tan grande en Guatemala. Ante ello, es natural que nos preguntemos cómo se está gastando ese dinero. Icefi empezó en abril a auditar ese gasto y concluyó que solo Q3,756 millones habían sido destinados para los programas de covid-19, y el resto tenía otros destinos. Para llegar a este dato tuvieron que buscar información que sí estaba, pero dispersa y desordenada, en 1) los medios de publicidad gubernamentales; 2) las cadenas nacionales, discursos y entrevistas a autoridades; 3) los sistemas oficiales de gestión (Sicoin, Siaf, el tablero creado por el Gobierno para el seguimiento de la crisis) y 4.) los mismos decretos. Ya hay un tablero de información gubernamental mucho más ordenado, aunque aún insuficiente en términos de calidad de información. ¿Cuánto está cumpliendo cada instancia pública en dar información y de qué calidad? es una de las preguntas de esta plataforma. David Gaitán, de Alianza por las Reformas, habla de la fuerza de un mecanismo como este, que monitoreará los resultados de las acciones gubernamentales en tiempo real. Esto se hará a partir de auditorías a los programas sociales, del análisis presupuestario y la medición del acceso a la información pública. Lo importante, según él, es compartir los resultados de esta auditoría con la población, a través de un portal que también permitirá viabilizar las denuncias ciudadanas.

Sofía Montenegro, de Diálogos, agrega que esta alianza busca incidir en la toma de decisiones. Los reajustes a los programas existentes son posibles, dice, con base en estándares de transparencia y datos fiables sobre los criterios de focalización para elegir beneficiarios. Todos deben contar con metas físicas y es momento oportuno para acelerar algunos que aparecen con cero ejecución, como el de Dotación Alimentaria, encargado al Mides y al Maga. ¿Para qué y para quiénes se hicieron los préstamos? La exigencia es que los fondos lleguen adonde deben llegar cuando deben llegar, auditando mientras se da el proceso, y no cuando ya no sepamos ni dónde están. Bienvenida esta otra iniciativa ciudadana.