El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la alerta sanitaria internacional por el covid-19. Al día siguiente quedó prohibida la entrada de ciudadanos chinos a Guatemala. Las medidas de restricción se fueron ampliando progresivamente; su aplicación fue parcial y poco reforzada. Rodeada, además, de mensajes confusos a la población. Fue hasta el 13 de marzo que se registró oficialmente el primer caso: un viajero guatemalteco que regresaba en un vuelo internacional procedente de Europa. El pasajero y sus contactos fueron puestos en cuarentena; así también, los subsiguientes casos. La cúspide de las medidas de contención se dio con la suspensión de la Semana Santa y el paro total del transporte y de la movilidad interdepartamental y municipal. Todas, medidas correctas, en mi opinión.

Sin embargo, en esta etapa también se cometieron importantes errores que nos dejan ahora vulnerables frente al covid-19. El principal fue ignorar que las personas deportadas de México y USA también eran “viajeros internacionales”, que también requerían estrictos controles sanitarios y de cuarentena. La miopía, posiblemente inducida por la discriminación y la falta de adecuada asesoría, hizo ver y tratar a unos y otros “viajeros internacionales” con lentes muy distintos. Ni siquiera el hecho de que la epidemia estaba en apogeo en USA les alertó a dar prioridad a esta población, estableciendo lugares dignos de cuarentena donde pudieran permanecer al menos 14 días antes de volver a sus comunidades, y donde se les aplicaran masivamente las pruebas de detección del virus y se planeara conjuntamente el seguimiento. Pasaron tres semanas en las que retornaron unas 3,000 personas para que surgiera un escándalo que obligó a suspender temporalmente las deportaciones, y que finalmente se pusiera atención a estas personas, cuya situación de vida y de salud ya era, de por sí, sumamente adversa. Por si fuera poco, el manejo del discurso oficial ha reforzado el rechazo y discriminación que viven ahora en su propio país.

El segundo flanco es la reticencia del gobierno a masificar la aplicación de pruebas para covid-19. Supuestamente basados en recomendaciones de que “las pruebas masivas, hasta la fase de mitigación”, y con la excusa de no tener suficientes, retrasaron la implementación de una de las herramientas más efectivas de gestión de esta epidemia, a pesar de que OPS/OMS les donó kits de pruebas para arrancar. La presión social, incluida la del sector privado y su movilización para comprar pruebas, obligó al gobierno a ceder. Lentamente ha comenzado a crecer el número diario de pruebas que se realizan, aunque todavía es insuficiente para hacer una detección efectiva de casos y para trazar el comportamiento de la epidemia en el país. Información clave para planificar la reactivación de la economía y el manejo de próximas oleadas epidémicas.

El tercer flanco es no haber aprovechado los dos meses y medio que tardó el virus en llegar al país para fortalecer la red de servicios públicos de salud para enfrentar la epidemia. El MSPAS quedó a la zaga; sus evidentes problemas de gestión técnica y administrativa y la corrupción se hicieron aún más evidentes. Han redundado en falta de equipo de protección personal; en limitada disponibilidad de ventiladores y otros insumos, y en la falta de preparación y fortalecimiento de hospitales, centros y puestos de salud para atender la epidemia en todas sus manifestaciones de gravedad, sin por ello parar sus actividades regulares. En plena instalación de la fase de mitigación, el supuesto fortalecimiento financiero del MSPAS, producto del Estado de calamidad, va en menos del 1% de ejecución.